Por: Redacción

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) analiza ya las leyes secundarias locales a reformar para adecuarlas a la nueva realidad de la Ciudad de México, de cara a la consolidación de la Reforma Política capitalina y el proceso de creación de su Constitución.

Durante la 2ª Reunión Plenaria de la fracción perredista, Porfirio Muñoz Ledo, secretario ejecutivo de la Comisión Redactora de la Constitución de la Ciudad de México, llamó a las y los legisladores a proponer los temas que consideren indispensables con la finalidad de que las disposiciones progresistas aprobadas con anterioridad sean llevadas al texto constitucional.

Al pronunciar la Conferencia Magistral “Perspectivas y escenarios en la conformación y toma de decisiones en la Asamblea Constituyente de la CDMX”, destacó la histórica lucha de la izquierda para lograr la autonomía de la capital del país hasta plasmarla en las modificaciones constitucionales y legales aprobadas en diciembre del año pasado.

Por otra parte, en la Mesa sobre “Ley Orgánica de la Administración Pública de la CDMX y Ley Orgánica del Poder Judicial”, Manuel Granados, consejero jurídico y de servicios legales del Gobierno capitalino, recordó que el texto que sea aprobado no debe convertirse en un reglamento de leyes, sino en un marco general para temas como la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

En la mesa moderada por Raúl Flores García, vicecoordinador de la bancada, René González de la Vega, asesor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), recalcó la importancia de reconocer el papel fundamental de los jueces para la vida democrática, como protectores de la ley y garantes de los derechos ciudadanos.

Al abordar el tema de la “Ley Orgánica de Alcaldías”, Pavel Gómez Granados, experto municipalista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Raúl Ávila Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidieron en señalar que la creación de esa normatividad ofrece la oportunidad de consolidar a la Ciudad de México como una entidad de derechos y de vanguardia.

Ávila Ortiz dijo que la iniciativa de la Ley General de Alcaldías debe maximizar los derechos humanos, la pluralidad y la participación social, mientras que Gómez Granados señaló que es necesario fortalecer las atribuciones y facultades de las administraciones delegacionales, como las hacendarias, lo que contribuiría a garantizar su autonomía en la obtención y aplicación de recursos.

El diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, comentó que la creación de Alcaldías en la Ciudad de México es un tema inédito y novedoso, por lo que la aportación de los especialistas es de gran valía para el órgano legislativo, pues se incluirá en las propuestas que enviarán al Grupo Redactor de la Constitución.

Al moderar la mesa, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la ALDF, manifestó que el intercambio de experiencias y el debate permiten fortalecer la construcción de iniciativas acordes a las exigencias de esta nueva figura.

En otro momento, la diputada Beatriz Olivares Pinal presentó los avances del Parlamento de la Juventud 2016, el cual estará conformado por 33 mujeres y 33 hombres, de entre 18 y 29 años de edad, cuyo objetivo será llevar las propuestas de las y los jóvenes a la Constitución de la Ciudad de México.

La presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la ALDF explicó que las y los participantes provienen de diferentes universidades públicas y privadas, quienes a partir del 17 marzo discutirán temas como educación, desempleo, justicia, derechos humanos y sociales, discriminación y seguridad.

Por último, en la mesa “Política social y observatorios ciudadanos”, el secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez pidió a las diputadas y diputados que las iniciativas que benefician a las y los ciudadanos no surjan del Jefe de Gobierno, sino directamente de la Asamblea Legislativa para asegurar su promulgación.