- La senadora Geovanna Bañuelos pide a la FGR tomar las previsiones necesarias para garantizar que Enrique Peña Nieto no se extraiga de la justicia mexicana
Por: Redacción/
Luego que se diera a conocer que el expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por recibir transferencias bancarias internacionales por más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021, producto de operaciones con recursos de posible procedencia ilícita, la senadora Geovanna Bañuelos, solicitó que la investigación se extienda a sus familiares y a quienes ocuparon altos cargos durante su administración.
En un punto de acuerdo inscrito en la Gaceta de la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pide además a la FGR tomar las previsiones necesarias para garantizar que Enrique Peña Nieto no se extraiga de la justicia mexicana y, en su caso, ejercite la acción penal.
Asimismo, solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores establecer vínculos con la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de plantear la creación de un órgano independiente internacional para prevenir y erradicar la corrupción y la impunidad.
La senadora Geovanna Bañuelos afirma que la corrupción y la impunidad fueron el sello del gobierno de Enrique Peña Nieto y de la persona más cercana a él, Luis Videgaray Caso.
“El gobierno emanado del ‘nuevo PRI’ fue responsable de incontables actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, desvío de recursos. Peña Nieto, sus amigas y sus amigos no gobernaron al país, sino que lo administraron para enriquecerse personalmente con dinero público”, aseveró.
Por ello, enfatizó que es momento de detener la corrupción que carcome la democracia y la vida pública nacional y hacer justicia para los mexicanos.
En el punto de acuerdo que fue turnado a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, la líder petista celebra que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez, haya anunciado una denuncia en contra de Enrique Peña Nieto por transferencia de recursos irregulares, “un hecho sin precedentes”.
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