Por: Redacción

Diputadas de distintos grupos parlamentarios se pronunciaron por impulsar un marco jurídico para abatir la tortura en contra de mujeres en México y castigar a los responsables, así como establecer mesas de diálogo con las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, y la Procuraduría General de la República, para implementar mecanismos que frenen el abuso sexual.

En la presentación del informe realizado por Amnistía Internacional (AI) “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, organizada por la diputada Claudia Corichi García (MC), legisladoras de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Revolución Democrática y del PRI urgieron incluir la perspectiva de género en el marco jurídico contra la tortura.

Corichi García pidió que la minuta del Senado sobre la Ley General contra la Tortura se turne ya a las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para analizar el planteamiento de la tortura sexual con el propósito de presentar propuestas conjuntas.

Comentó que México atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos, a pesar de que tiene un amplio y moderno marco legal y una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “de las más importantes y caras del mundo”. Hay mucho que hacer al respecto, ya que sus recomendaciones de poco o nada sirven.

A un año de la instalación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, de la Secretaría de Gobernación, la violación de los derechos humanos de cientos de mujeres permanece en la impunidad.

En 2015, dijo, el presupuesto de la CNDH fue de mil 465 millones de pesos que, sin duda, se tendrían que reflejar en procuración de justicia y protección de derechos humanos, pero “7 de cada 10 pesos de sus recursos se van en pagar sueldos”.

El Estado informó en abril de 2015, que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba con 2 mil 420 investigaciones sobre tortura y existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito.

Amnistía Internacional urge a que tomen medidas todas las instancias de gobierno, a fin de atajar el grave problema de violencia sexual. “Ninguna mujer merece ser torturada sexualmente ni en otras formas. No se justifica bajo ningún argumento”, reiteró.

La presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, Maricela Contreras Julián (PRD), destacó que “se tiene una gran oportunidad para revisar la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados sobre tortura, a fin de hacerle las correcciones necesarias que incorpore la visión de género en el capitulado de la ley y que los protocolos que se desarrollen tengan una perspectiva de protección, porque las mujeres son triplemente violentadas ante un hecho delictivo”.

Propuso integrar un frente en el Congreso de la Unión, que retome casos emblemáticos para establecer una ruta de acción que ayude a demandar la libertad de mujeres encarceladas.

Consideró necesario que los legisladores establezcan una reunión con el secretario de Gobernación para conocer el funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, manejado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ya que a un año de su instalación, se desconocen sus actividades y resultados.

En México se tienen leyes muy importantes, pero el problema es su aplicación, y las conductas que se convierten en delitos con las violaciones y maltratos de los cuerpos de las mujeres.

Son “aterradores” los resultados del Informe, porque todavía se considera al cuerpo de la mujer como “objeto que se puede maltratar, en un sentido de pertenencia. Hay un gran componente patriarcal desde la autoridad hacia el cuerpo de las mujeres”.

Los casos de Verónica Razo y Tayline son emblemáticos por su contribución para visibilizar la tortura de que son víctimas las mujeres en México, como revelar la violencia en todos sus ámbitos, desde lo familiar, lo que pasa en las casas y hacerlo público, para incidir en las leyes.

Refirió la falta de procuración de justicia, la responsabilidad y complicidad de las autoridades, la cerrazón para no visibilizar lo que realmente sucede con las mujeres cuando son detenidas de manera arbitraria, y torturadas para firmar declaraciones.

Estas prácticas, afirmó, llevan una alta dosis de violencia a la intimidad de las mujeres. Debe observarse la permisibilidad que permite aceptar como natural el acoso callejero, en el hogar, institucional, sexual y los feminicidios. Es decir, tenemos un grave problema de violencia generalizada hacia las mujeres”, resaltó.

La diputada Karina Sánchez Ruíz (Nueva Alianza) condenó la tortura física, psicológica y sexual porque es injustificable, ya que lacera e indigna, sobre todo cuando se perpetra en contra de las mujeres por el sólo motivo de su género.

“Es imprescindible que la tortura no sólo se elimine en las normas y en las leyes, que desaparezca de las prácticas cotidianas judiciales. El Estado debe cumplir con su obligación de atender esta crisis de derechos humanos que ha provocado señalamientos de organismos internacionales a México. Debe hacerlo con mano firme para castigar a los culpables y acabar con la impunidad”.

Expresó su compromiso para impulsar todas las leyes contra esta práctica. Es obligación del Congreso discutir, aprobar y perfeccionar una Ley General contra la Tortura que fortalezca la aplicación de la justicia, deseche las confesiones obtenidas bajo tortura, pero sobre todo castigue a quienes la cometen.

Pidió levantar la voz para rechazar enérgicamente la tortura, como una práctica que deshonra y avergüenza.

Sobre todo porque la infringen algunos elementos de las fuerzas de seguridad en los arrestos e interrogatorios a mujeres, y mediante esta tortura obtienen información o la confesión de un delito no cometido, pese a que son quienes tienen la responsabilidad y obligación de cuidarnos y protegernos. “Refleja la profunda degradación social que vivimos, porque la tortura se ha convertido en una práctica habitual”, sostuvo.

El Informe de Amnistía Internacional es vergonzoso para un país que se jacta de ser democrático, donde no debería tener cabida la tortura; sin embargo, está muy arraigada en la práctica judicial donde la ley ha quedado rebasada y sin aplicación. “Continua en las sombras vulnerando la dignidad humana”.

“La tortura es peor si se convierte en la política oficial de una democracia; es una contradicción y es inaceptable”, apuntó.

A nombre del PRI, la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández resaltó que la violencia es el principal obstáculo que impide el avance social. Se pronunció por prevenir y sancionar la tortura, en especial la violencia sexual, que es un delito muy grave.

Cualquier declaración obtenida bajo tortura será nula, por lo que el marco jurídico debe fortalecer la perspectiva de género y de Derechos Humanos para erradicar este grave problema.

Indicó que la Cámara de Diputados tiene interés en analizar la realidad social para impulsar respuestas respecto a derechos humanos.

Claudia Trujillo Rincón, coordinadora nacional de Mujeres de Movimiento Ciudadano, cuestionó el destino de millones de pesos en el presupuesto para combatir la violencia contra la mujer y la prevalencia de prácticas de tortura en contra de las mujeres.

Es necesario impulsar propuestas parlamentarias en contra de la violencia; promover que los procesos jurídicos se agilicen y se garantice a las mujeres sujetas a proceso el conocer detalladamente el seguimiento de su juicio, ya que la tardanza propicia impunidad y corrupción, debido a que tres años no son suficientes para que concluya el periodo de pruebas.

Al presentar el informe, Madeleine Penman, investigadora de AI en México, señaló que la tortura despuntó de 2003 a 2013, y el número de quejas ante la CNDH aumentó en más de 600 por ciento. En un solo año, hubo más de 12 mil quejas en todo el país por tortura o malos tratos.

El documento muestra la realidad de cien mujeres detenidas y entrevistadas entre 2015 y 2016, recluidas en centros penitenciarios, acusadas de delitos federales como delincuencia organizada, contra la salud y secuestro.

Detalló que durante el arresto, del total, 97 denunciaron que fueron víctimas de violencia física, 72 sexual y 33 de violación.

Mencionó que es frecuente que sean arrestadas en grupo y acusadas de ser novias de delincuentes o cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones.

Un hallazgo es que las mujeres consideran la violencia sexual como algo normal. Además, las víctimas no tienen acceso a ginecólogos después de ser abusadas y las heridas pueden borrarse en una semana.

“De los miles de denuncias de tortura realizadas desde 1991, sólo 15 han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal”, comentó.

Pese al elevado número de denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia sexual, incluida la tortura u otros malos tratos a manos de las fuerzas armadas, el Ejército informó a AI que no se había suspendido del servicio ni un solo soldado por estos delitos entre 2010 y 2015, mientras que, en la Marina, se suspendió a cuatro elementos durante ese mismo periodo.

Precisó que sólo un marino fue condenado por abusos sexuales, que fue dado de baja temporalmente, lo que permite reintegrarse a la corporación, una vez cumplida su pena en prisión.

Hasta el momento, recalcó, la PGR no ha publicado datos desglosados sobre víctimas de tortura. Esto ha tenido como efecto “rodear el problema con un velo de secretismo y ha impedido dar respuestas informadas con las que abordar la violencia contra las mujeres durante el arresto y la detención”.

En la policía y en las fuerzas armadas, agregó, se realizan cientos de sesiones de capacitación sobre género, violencia y derechos humanos, pero no parecen haber tenido un impacto apreciable a la hora de reducir las violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

Amnistía Internacional recomendó al Congreso mexicano adoptar sin demora la Ley General contra la Tortura, garantizando que incluya los siguientes elementos:

Penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a las normas internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Excluir de las actuaciones judiciales, todas las declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos quedan, excepto en contra de un posible perpetrador, como evidencia de que la tortura ocurrió.

Garantizar en la ley que, cuando se presenten pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos, el juez excluya dichas pruebas desde el principio e inicie una investigación dentro del juicio, con el fin de adoptar una decisión final.

Además, que la carga de la prueba debe recaer sobre el Estado, para comprobar más allá de toda duda razonable que la evidencia fue obtenida legalmente.

Así también, modificar el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para obligar a la CNDH a proporcionar copias de los resultados de los exámenes médicos y psicológicos a las víctimas y a sus representantes, con independencia de que lo exija un juez.