Por: Redacción/

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir su corresponsabilidad en la liberación de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En un comunicado, indicó que el Ejecutivo federal no atendió que se requerían nuevos elementos para subsanar las deficiencias de la investigación en contra de “El Gil”.

Juárez Piña comentó que el juez primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas desechó las pruebas que había presentado la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en contra del inculpado, al concluir que se obtuvieron de manera ilegal.

“Esta decisión judicial sienta un precedente que podría dejar en libertad a otros 50 inculpados –además de los 44 que ya están en libertad, incluido “El Gil”- por las mismas razones, como lo reconoció el propio Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

Recordó que desde mayo de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que los procesos relacionados con los acusados por la desaparición de los normalistas estaban débiles y que tenían que fortalecerse.

“Es menester recordar que, desde el mes de marzo los familiares alertaron sobre las posibilidades de que las pruebas fueran desestimadas y la posible liberación de quienes se encuentran en calidad de presuntos responsables, pero la Fiscalía General de la República (FGR) hizo caso omiso”, señaló.

Hasta entonces, añadió que la FGR aún podía presentar pruebas en contra de López Astudillo, “pero no lo hizo, por lo que el juez determinó la sentencia absolutoria”.

La diputada perredista planteó que debe hacerse especial énfasis en el derecho a la verdad de las víctimas, no sólo para procesar penalmente a quienes participaron en la desaparición, sino para saber dónde se encuentran.

Explicó que las pruebas han sido desestimadas debido a que fueron obtenidas ilegalmente y son producto de la comisión misma de delitos por parte de la extinta PGR, tales como la tortura y la detención ilegal.

“Es por ello que deben realizarse las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del personal de la entonces PGR que intervino en la investigación y, dados los dichos del propio Jesús Murillo Karam, relativos a que fue él quien condujo las indagatorias, las investigaciones y responsabilidades deben llegar hasta él”, añadió.

Juárez Piña mencionó que su bancada presentó una demanda de juicio político en contra del exprocurador desde el 24 de septiembre de 2015, que fue desechada por los diputados de Morena el 30 de abril de este año.

Agregó que en 2016, el grupo parlamentario presentó otra demanda de juicio político en contra de Tomás Zerón de Lucio, la cual no ha sido atendida por la Subcomisión de Examen Previo de esta Cámara.

“Si bien la PGR aportó elementos viciados de origen como pruebas, ni el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; ni la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa; aportaron nuevos elementos para subsanar las deficiencias de la investigación anterior y evitar que los indiciados fueran puestos en libertad”, concluyó.