Por: Redacción/

La pobreza rural en América Latina creció en dos millones de personas por primera vez en diez años, alerta un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), presentado este miércoles en Argentina.

El Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe advierte sobre una histórica reversión en la pobreza rural de la región, que alcanzó un total de 59 millones de personas en 2016, después de haber caído en casi el 20% entre 1990 y 2014.

Entre 2014 y 2016, tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron dos puntos porcentuales cada una, alcanzando, respectivamente, 48,6 % y 22,5%.

La última vez que la región pasó por un retroceso de esta magnitud en materia de pobreza rural fue por los efectos de la crisis financiera internacional de 2008.

“No podemos tolerar que uno de cada dos habitantes rurales sea pobre, y uno de cada cinco, indigente. Peor aún, hemos sufrido una reversión histórica, un quiebre que vuelve patente que nos estamos olvidando del campo”, señaló Julio Berdegué, Representante Regional de la FAO.

La pobreza afecta más a las comunidades rurales

De acuerdo con el Panorama, pese a que solo el 18% de la población total de la región vive en zonas rurales, éstas concentran el 29% de las personas pobres en América Latina y el 41% de quienes sufren de pobreza extrema, alrededor de 27 millones.

“El campo y lo rural son lugares claves para el crecimiento económico de los países, para el desarrollo de sus exportaciones y para el empleo de millones. Allí está la base de la agroindustria, que impulsa la innovación científica y tecnológica en la región, y también está la agricultura familiar que hoy produce la mayor parte de los alimentos de consumo local”, explicó Berdegué.

Entre 1990 y 2014, hubo varios países que fueron exitosos en reducir su pobreza rural:

  • Brasil redujo del 71% al 29% su pobreza rural
  • Bolivia del 79% en 1997 al 54% en 2013.
  • Chile del 29% al 7%.
  • Colombia del 61% en 1991 al 42% en 2014.
  • Ecuador del 66% al 27% entre 2000 y 2015.
  • Paraguay del 70% al 51%.
  • Perú de 73% en 1997 a 47% en 2014.

Sin embargo, en la región persisten enormes diferencias entre las posibilidades de desarrollo de los territorios urbanos y rurales. Tanto así, que para llegar a equiparar la infraestructura básica y servicios educativos de los jóvenes rurales con el de los que viven en las ciudades tomaría entre 22 y 40 años en el Perú, entre 19 y 29 años en México, y entre 17 y 41 años en Chile.

Las tendencias migratorias

Según el informe, la migración desde el campo está vinculada a territorios diezmados por la pobreza, la inseguridad y la vulnerabilidad climática.

La FAO asegura que el ingreso laboral anual promedio de un trabajador del sector rural en América Latina en el 2015 era de 363 dólares anuales, menos de la mitad de los 804 que recibían los trabajadores urbanos.

La mayoría de los centroamericanos que dejaron su territorio de origen lo han hecho huyendo de municipios rurales, entre ellos pueblos de menos de 100.00 habitantes. En Honduras, el 76% de los emigrantes provienen de 295 municipios del campo; en El Salvador, el 70% procede de 257 de esos municipios; y en Guatemala, el 61% de 325 zonas rurales.

“La migración irregular e insegura desde el campo es un asunto social y políticamente prioritario. Su solución incluye convertir los territorios rurales en lugares prósperos y socialmente cohesionados”, asegura Berdegué.

El informe resalta que eliminar la pobreza rural es clave para enfrentar las economías ilegales como el tráfico de drogas, la trata de personas, así como la deforestación y la minería ilegal, que han venido ganando espacio en la región y aumentan la inseguridad.

Hacia el futuro

La FAO asegura que existen cinco medidas claves para reducir la pobreza rural:

  1. Crear sectores agrícolas eficientes, incluyentes y sostenibles:
    Esto se puede lograr a través de una mayor inversión en los bienes públicos y un aumento del acceso a la tierra, a los servicios rurales, a una mayor información y a la gestión de riesgos en el sector agrícola.
  2. Mayor protección social: 
    Se debe aumentar la cobertura de la protección social para la población rural, además de promover alianzas con el sector productivo, especialmente con el sector agrícola.
  3. Gestión sostenible de los recursos naturales:
    Se deben vincular las políticas de reducción de la pobreza con la sostenibilidad ambiental y promover la resiliencia de las poblaciones rurales ante los choques ambientales y económicos.
  4. Impulso al empleo rural no-agrícola:
    Fomentar los vínculos urbano-rurales, la inversión privada y la provisión de infraestructura básica, así como vincular el trabajo agrícola con mercados de bienes y servicios, y la implementación de programas públicos en esta área con presupuesto propio y a gran escala.
  5. Mejorar la infraestructura:
    La FAO señala que se debe aumentar e intensificar la inversión pública en activos territoriales, y vincular la infraestructura con servicios públicos asociados.