Por: Redacción

El aspirante a ocupar el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Álvaro Castro Estrada, compareció ante senadores de la Comisión de Justicia, donde fue cuestionado por su actuación en asuntos como el accidente en la mina Pasta de Conchos, su cercanía a la Iglesia Católica y “grupos conservadores”, y sobre temas como aborto, eutanasia y la legalización del uso de la mariguana, entre otros.

Previamente, en su exposición inicial, Castro Estrada aseguró que de resultar electo actuará con determinación, imparcialidad y un indeclinable sentido de independencia, para acercar una verdadera justicia a la “gente común”, privilegiando la conciencia y la sensibilidad social.

Resaltó que se debe transitar a una nueva generación de reformas al sistema judicial federal para que el papel de la Corte sea exclusivamente constitucional y erigir un tribunal superior de revocación que resuelva cuestiones de estricta legalidad, de juzgados y tribunales federales, pues se debe tomar en cuenta la cantidad de resoluciones que emanan de ella.

Lo anterior, dijo, se debe integrar en una agenda en favor del fortalecimiento de la Corte y del derecho constitucional, la cual también debe contemplar una revisión amplia de la anomia del derecho, fenómeno que debilita el respeto de la norma y la incapacidad de controles sociales para hacerla cumplir, sobre todo de los denominados derechos difusos y las normas programáticas de la Constitución.

El candidato propuesto por el Ejecutivo federal, para ocupar la vacante del ministro Juan Silva Meza, resaltó que a pesar de la entrada en vigor de la reforma sobre juicio de amparo, se requiere una nueva revisión para hacer el procedimiento más ágil y sencillo.

Adicionalmente, comentó que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM lleva a cabo un anteproyecto de Carta Magna, ante su Centenario, cuyo objetivo es reducir el número de sus disposiciones. El proyecto, agregó, deberá preservar los principios básicos, primarios y fundacionales originarios que dispuso el Poder Constituyente; además de ser breve, claro y comprensible para sus destinatarios, quienes deben saber cuáles son sus derechos, obligaciones, garantías.

En las rondas de preguntas, la senadora Martha Tagle Martínez destacó su cercanía con grupos religiosos y conservadores de la Iglesia Católica y lo cuestionó sobre temas como la eutanasia, la interrupción legal del embarazo y los pronunciamientos en temas electorales por parte de obispos.

Asimismo, sobre su desempeñó como funcionario en el caso de Pasta de Conchos, el cual le generó un conflicto con el ex senador Ricardo García Cervantes y su posterior destitución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Del Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez señaló que la Orden de San Gregorio Magno, la cual fue entregada a Álvaro Castro por parte de Benedicto XVI, es un reconocimiento que entrega la Santa Sede por un servicio personal recibido; de ahí, dijo, la preocupación de su aspiración de llegar a la Corte.

Su compañera de bancada, la senadora Dolores Padierna Luna, aseguró que Castro Estrada fue destituido del cargo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por emitir un extrañamiento al senador García Cervantes, cuando este solicitó reabrir la investigación por la  muerte de los mineros en Pasta de Conchos; tragedia, subrayó, que no sólo no resolvieron sino que la profundizaron.

El senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, cuestionó al compareciente respecto a la transición del modelo constitucional y pidió su opinión sobre el derecho del libre desarrollo de la personalidad.

Sobre el caso de Pasta de Conchos, el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que Castro Estrada tuvo una actuación “impecable”. Por otra parte, cuestionó si la Corte legisló o interpretó la Constitución, en el caso del cultivo y consumo personal de la marihuana como parte del derecho integral de la persona.

En su participación, el senador Enrique Burgos García del Grupo Parlamentario del PRI, abordó una pregunta de la sociedad civil respecto a la falta de cumplimiento de los mandatos de los juzgadores. Asimismo, se refirió al alegato de oído y resaltó la importancia del proyecto de nueva Constitución y de leyes de desarrollo constitucional.

La senadora Ivonne Álvarez García, del PRI, señaló que se busca tener tribunales independientes, imparciales, con legalidad y autoridad, sensibles a las necesidades, consientes y coherentes en la emisión de sus criterios interpretativos. En ese contexto, cuestionó la visión a futuro de la SCJN y cómo debería ser el actuar de los jueces constitucionales; utilizando métodos interpretativos abiertos y flexibles o rígidos y dogmáticos.

El senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, comentó que el hecho de que el Presidente de la República en turno elija a los ministros de la SCJN, no garantiza la autonomía del tribunal constitucional, pues busca personas que estén “vinculadas a sus intereses”, por lo que le preguntó si sería imparcial en caso de ser elegido.

Al responder a las preguntas, Álvaro Castro Estrada recordó que se desempeñó como director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación en la administración de Vicente Fox, donde participó en la emisión del reglamento en esta materia.

Dijo que en dicho reglamento se respetó el principio de laicidad establecido en la Constitución y se evitó el “laicicismo” de “posición extrema”, a fin de tener una relación formal y respetuosa con todas las iglesias y religiones en igualdad de circunstancias.

Consideró que el tema de la eutanasia es “difícil y polémico”, el cual tiene que ver con la conciencia y percepción de cada persona sobre lo que es “la propia vida y el desarrollo de su propia personalidad”, por lo que “la respuesta no la podría formular en términos expresos de una aceptación o no” si no conocemos toda la argumentación en un caso de esta naturaleza.

En cuanto a la interrupción legal del embarazo, subrayó que todavía hay aspectos médicos y científicos que se siguen desarrollando, y que, el legislador, jurista y el juzgador deben tener a la mano para tomar una decisión con toda la responsabilidad.

En el caso de las sanciones sobre una “violentación” al sistema normativo, por parte de ministros de culto, mencionó que este tipo de casos están definidos en las leyes, además de que la libertad de expresión para este tipo de personajes “está limitada” para casos de materia electoral.

Sobre la condecoración que recibió por parte de El Vaticano, aceptó que ésta genera –por su singularidad– alguna preocupación, así como el decir la inclinación religiosa o moral que pudiera tener alguien que aspira ser ministro de la Corte. En este sentido, aseguró que fue evaluado por sus méritos y no por una convicción personal.

Afirmó que su conducta y manera de actuar ha sido neutral y cuando laboró en la Secretaría de Gobernación sirvió “con igual pasión y capacidad a todas las religiones e iglesias representadas en México; es una etapa de mi actividad profesional de la cual me sentí muy orgulloso”.

Precisó que cuando llegó a la subsecretaria de Trabajo, ya habían pasado 10 meses de la explosión en la mina  Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 personas. Refirió que se contrató un panel de expertos que determinó que no se podía realizar el rescate de los cuerpos, debido a las altas temperaturas y la gran fricción que se generó en el terreno; sin embargo, el ex senador Ricardo García Cervantes dio esperanzas a los deudos de los mineros para que sí se realizara el rescate.

En este sentido, mencionó que dio una respuesta “contundente” al legislador “diciendo por qué consideraba que no era lo adecuado dar esta esperanza y citaba toda la información que se tenía al respecto para evitar que se esperanzara más sobre una cuestión, que nosotros hasta ese momento teníamos definida”.

Reconoció que debido al tono de la respuesta, García Cervantes se molestó y el Senado analizó una sanción, por lo que se disculpó públicamente con él, además de que su superior jerárquico respondió a los senadores que se rectificaba esa posición y “se juzgó conveniente que yo dejara la subsecretaría”.

Adicionalmente, señaló que la falta de cumplimiento de sentencias es un gran problema, pues no se dan en tiempo los laudos y no se beneficia a quien obtiene la sentencia; se debe cuidar porque también se genera un daño patrimonial el cual debe tener una reparación.

Sobre el alegato de oído, exhortó a su revisión, “ya los códigos de ética establecen restricciones a esto”, pues no debiera haber influencias externas, ni excesivas, que tienen los juzgadores para tener una determinación.

Respecto al fallo de la Corte en el tema del uso de la marihuana, Castro Estrada resaltó que el alcance de la resolución es sólo para cuatro personas; “no es realmente un acto legislativo, está siendo una interpretación para un caso específico”.

En otro tema, consideró que la consulta popular es una figura que debe revisarse y ajustarse a una realidad más pertinente.

Por otro lado, opinó que la Corte debería ser exclusiva para tratar asuntos de constitucionalidad, pues al atender asuntos de legalidad “la llenan de una carga especial”, además, dijo, se debe reafirmar su autonomía e independencia con ministros que tengan estas características.