Por: Redacción/

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció hoy contra los ataques y amenazas que sufren por parte de los Estados algunos expertos de Naciones Unidas en las garantías fundamentales.

El portavoz del Alto Comisionado denunció en una conferencia de prensa en Ginebra los intentos de ciertos Estados de socavar los mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Rupert Colville citó concretamente el caso del embajador de Burundi, quien amagó con tomar medidas legales contra los autores de un informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en su país, arguyendo que las investigaciones fueron parciales y respondieron a motivos políticos.

Colville indicó que dichas intimidaciones son “inaceptables” y que el Alto Comisionado ha escrito al gobierno burundés, urgiéndolo a revisar su política de rechazo a la cooperación con la Comisión Investigadora y a cesar las amenazas a sus integrantes.

El portavoz se refirió asimismo a los repetidos insultos y amenazas de violencia física hechas por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, contra la relatora especial sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales, Agnes Callamard, quien lleva a cabo una pesquisa sobre el mandatario.

“La semana pasada, Duterte amenazó con abofetear a la relatora si ésta lo investiga por presuntas ejecuciones extrajudiciales. El mandatario ya había hecho el mismo amago en junio pasado, cuando la experta criticó su campaña de ‘guerra contra las drogas’, que causó miles de muertes”, detalló Colville.

La Oficina del Alto Comisionado condenó categóricamente este trato a la experta, así como la falta de respeto al Consejo de Derechos Humanos.

Colville también denunció la hostilidad y los ataques personales a la relatora de la situación de las garantías fundamentales en Eritrea, Sheila Keetharuth, quien fue insultada y acusada por el embajador de ese país ante el órgano de Naciones Unidas de llevar a cabo una cacería de brujas.

El portavoz recordó que los Estados tienen la obligación de cooperar con los mandatos emanados del Consejo de Derechos Humanos y afirmó que todos fueron establecidos por alguna buena razón.