Por: Redacción

En México existen alrededor de mil alcaldías que no han creado sus Institutos Municipales de la Mujer, como lo marca la ley, por lo que obstaculizan su armonización con los marcos normativos federales para el empoderamiento de las mujeres, afirmó la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Esos municipios son “los grandes ausentes” en la aplicación, respeto y difusión de las reformas y políticas públicas en materia de igualdad de género, sostuvo.

“No toman en serio los temas de derechos humanos ni de atención de víctimas y prevención de feminicidios; muchos no emprenden acciones que garanticen a la población femenil el acceso a una vida libre de violencia”, afirmó.

Durante la última Mesa Interinstitucional “Presupuesto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Anexo 13”, con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseveró que pareciera “que no se enteran de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y de que tienen una obligación que les mandata la ley”.

Se preguntó si actualmente la CNDH realiza un monitoreo sobre las políticas públicas en la materia en los órdenes municipales, en donde no están tomando en cuenta las acciones a favor de las mujeres y se presentan feminicidios.

Propuso trabajar en coordinación estratégica con la CNDH a través de un convenio marco, para darle mayor publicación a nivel nacional a los comunicados y los diversos estudios que ha emitido este organismo.

Informó que en los próximos meses la instancia legislativa a su cargo instalará la Conferencia Nacional de Legisladoras, que “será la principal herramienta de coordinación de los tres órdenes de gobierno, de los Poderes Legislativos –federal y estatal-, para sumar compromisos respecto a la armonización de leyes”.

“No sólo será para que vengan munícipes y legisladoras locales, sino para que asuman compromisos concretos, a fin de homologar el marco jurídico de igualdad de género”.

Refrendó que por primera vez se conformará una agenda legislativa para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.

Al dar las conclusiones de las mesas, señaló que se evaluaron 28 ramos y 104 programas manejados por 138 unidades responsables del gasto público para impulsar la igualdad de género en las diversas dependencias públicas federales.

Se analizó un total de más de 25 mil 898 millones de pesos etiquetados que fueron el gran catalizador para consolidar avances en México, porque “la igualdad jurídica ya la conquistamos las mexicanas, falta la igualdad sustantiva en los hechos y en el acceso a las oportunidades”.

Apuntó que esta evaluación presupuestal permitirá construir una opinión objetiva rumbo al anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, y “defender lo que se tenga que hacer”.

“No vamos a permitir ninguna disminución del Anexo 13, señalaremos de manera muy puntual los programas que no estén dando resultados, porque las mexicanas quieren ver resultados”. Convocó a “dejar el discurso de: capacitamos, hicimos, gastamos. Tenemos que dar resultados. Porque si el Presupuesto no lo logra, habrá mucho qué cambiar y considerar”.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI) indicó que todas las mujeres estarán atentas a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “no toque” los recursos del Anexo 13, ya que ha sido un compromiso del Ejecutivo federal el no reducirle ni un peso.

“Muchos que han transitado en estas mesas han advertido que en algún momento desaparecerá el Anexo 13, para que en su lugar haya una verdadera transversalización en todo el presupuesto”, expresó.

Cuestionó sobre lo que percibe la CNDH en sus sondeos a la ciudadanía respecto a las violaciones al derecho de igualdad de género y a la cantidad de atenciones que han brindado por este motivo, así como los avances logrados en los indicadores de la trata de personas y el seguimiento a las víctimas de ese delito.

Sostuvo que “estaremos aquí el tiempo que sea necesario para analizar en dónde y cómo se dirigen los recursos del Anexo 13, porque hay muy buenas voluntades, pero si el presupuesto no cambia la vida de las mujeres allá fuera, será sólo letra muerta”.

Norma Inés Aguilar León, titular de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH –encargada de vigilar que se cumplan las políticas públicas de paridad de género-, destacó que este organismo creó por primera vez, en esta administración, un sistema de observancia e información de igualdad entre hombres y mujeres.

Así, de enero a junio de este año, se han recibido 102 folios por presuntas violaciones a derechos humanos en el rubro de discriminación de género; de los cuales, 72 cuentan con su expediente de seguimiento-queja, siete fueron de orientación directa (es decir, que se le proporcionó información a la quejosa de lo que debe hacer), y 23 expedientes fueron de remisión.

Subrayó que uno de los retos que tiene la institución es elaborar un protocolo con perspectiva de género, para el análisis de las quejas que recibe y proteja las medidas cautelares de las mujeres y hombres, a fin de que sientan confianza en presentar sus casos.

Por otra parte, indicó que la CNDH evalúa el cumplimiento de la igualdad de género y participación femenina en diversas instancias del gobierno; entre ellas, las cámaras de Diputados y Senadores, y los congresos estatales. Tales estudios se encuentran en etapa de dictaminación y el titular de la Comisión hará un pronunciamiento en su momento, informó.

Aguilar León explicó que los municipios sí son tomados en cuenta, como parte de los monitoreos que realiza este organismo, ya que en algunos de ellos, afirmó, existe violencia de género y política, con el pretexto de usos y costumbres, “pero esto jamás estará por encima de los derechos humanos.

Destacó el caso particular de la violencia política que sufrió la alcaldesa del municipio de Oxchuc, Chiapas, María Gloria Sánchez Gómez, en donde hubo desplazamiento de personas e incendios provocados; la CNDH fue una de las primeras instancias en brindarle atención a la afectada.

Por ello, dijo, se privilegiará la atención relacionada con la violencia política y obstétrica, cuya incidencia causa mucha preocupación, para evitar criminalizarlas. Además, se les visibilizará a través de políticas públicas que les den solución, garantizó.

Explicó que se trabaja en la armonización en todos los niveles de gobierno, en particular los municipios, donde las mujeres necesitan mucho apoyo, porque se les obstaculiza de formas sutiles, como negarles información para que cumplan con su encargo público o no permitirles asumir el cargo.