Por: Redacción/

La Alerta de Violencia de Género (AVG) es un mecanismo que incumple los objetivos para los que fue pensado, pues del 2006 a la fecha, las declaratorias pasan por un proceso de revisión de un año para que se activen, es decir, “acciones dilatadas que no corresponden a un contexto de emergencia”, alertó la diputada Concepción Villa González (Morena).

Indicó que los municipios que cuentan con una AVG no presentan avances significativos en la reducción de la violencia contra las mujeres, pues las capacidades institucionales y la coordinación interorganizacional de las autoridades son precarias.

Propuso exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para que revisen la eficacia del procedimiento de declaratoria de AVG y la efectividad en la implementación de las mismas, con el objetivo de garantizar el cese de agresión en contra de esta población fémina y su seguridad.

A través de un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Igualdad de Género, resaltó la urgencia de revisar el marco normativo existente y la eficiencia en su ejecución, pues la AVG es la primera medida de emergencia para erradicar la violencia contra las mujeres en México.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, 10 por ciento de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte. En promedio se estima que durante los últimos tres años (2013 a 2015) fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

Investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y de particulares han señalado que en el país se presentan 150 mil denuncias en forma anual por actos de violencia de género; aproximadamente sólo 16 mil 500 fueron recogidas en una averiguación previa, y de éstas sólo 2.4 por ciento terminaron con una sentencia condenatoria.

Villa González argumentó que en México no se ha logrado que la totalidad de las procuradurías generales de justicia estatales integren sistemas de información que faciliten el seguimiento de los casos de feminicidio.

Buena parte de las muertes violentas de mujeres quedan en la impunidad porque no se investigan, ni se actúa con la debida diligencia. “Muchos de los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados al considerar que podrían tratarse de feminicidios”.

Esta falta de datos oficiales sobre homicidios violentos de mujeres en México, y de una debida investigación de los hechos, evidencia la violencia estructural e institucional contra las mujeres y el grave problema de feminicidios en México.

Por ello, se pronunció por hacer una revisión a conciencia del marco normativo existente y la eficiencia en su ejecución, tal es el caso de la AVG contra las mujeres que, en principio, se trataba de una intervención estatal acotada, focalizada, temporal y coordinada para resolver un problema urgente de violencia feminicida o de un agravio comparado.

Hizo votos por rediseñar un procedimiento claro y con plazos razonables para las declaratorias de AVG, que corresponda a la situación de emergencia que se vive en la localidad en cuestión.

“No combatir la violencia feminicida constituye una omisión por parte del Estado en proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, como el de integridad personal y a la vida”, añadió.