Por: Redacción

Por mayoría de votos la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), demandó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México informe sobre las acciones que lleva a cabo con la finalidad de prevenir y atender delitos de acoso y abuso sexual dentro de la administración local, al aprobar un Punto de Acuerdo que promovió la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.

En tribuna, la legisladora argumentó que si bien la implementación de protocolos para prevenir y atender delitos sexuales y abuso de poder contra las mujeres trabajadoras en su ámbito laboral es un primer paso para erradicar la violencia de género, aún existe resistencia por parte de las autoridades para dar a conocer los avances en esta materia que permite visualizar los avances de una herramienta que pudiera ser eficaz para generar un ambiente laboral sano y libre de violencia de género.

Cabe hacer mención que la legisladora procura dar puntual seguimiento al tema de la homologación y armonización del Protocolo de Atención para la Prevención Atención y Sanción al Acoso Sexual en la Administración Pública de la Ciudad de México con el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, emitido por el gobierno Federal, para atender a las mujeres víctimas de abuso de poder de los diversos mandos administrativos.

En el Punto de Acuerdo Ángeles Valencia destacó que han trascurrido seis meses desde que el pleno de la ALDF aprobó por mayoría exhortar al Jefe de Gobierno de la CDMX para que firmara la armonización y homologación del incipiente protocolo con que cuenta el Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro), que se toma como referencia para hacerlo extensivo en todos los centros laborales que dependen del GCDMX, con la finalidad de mejorar su contenido y estrategias y aún no se cuenta con ningún reporte.

Argumentó que la falta de atención en este tema deja entrever que de facto no les interesa a los gobiernos federal y local dar un seguimiento puntual ni que se atienda a las mujeres víctimas del abuso y acoso sexual, abuso de poder y acoso laboral hasta llegar al despido de mujeres que sólo defienden su dignidad al denunciar a los mandos abusivos y prepotentes.

Recordó que el pasado 22 de septiembre de 2016, en sesión ordinaria, el Pleno de la Asamblea Legislativa, aprobó un Punto de Acuerdo para la homologación y armonización de los Protocolos Federal y local y que a la fecha no se conocen si los resultados han sido positivos para prevenir y eliminar la violencia sexual en el ámbito laboral.

Hizo notar que el 31 de agosto de 2016, la Secretaría de Gobernación, dio a conocer el contenido del Protocolo a través del Diario Oficial de la Federación, en el que se menciona la capacitación de las personas que intervendrían en su ejecución y en la difusión del mismo, así como de la integración de las personas consejeras con la finalidad de brindar certeza jurídica a las víctimas, en los procedimientos substanciados.

Detalló, que el protocolo es una herramienta indispensable para que los trabajadores de la Administración Pública Federal y local ejecuten acciones de prevención, atención y, de ser la materia, atiendan y acompañen los casos que han de ser sujetos de investigación por hostigamiento y acoso sexual, desde una perspectiva de derechos humanos y de género.
Subrayó que el objetivo de homologar y armonizar los protocolos, es implementar, de manera uniforme, homogénea y efectiva, los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el acoso y abuso sexual en las dependencias de la administración pública local.
Enfatizó que de acuerdo con los artículos transitorios del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la Administración Pública Federal, éste entraría en vigor 30 días hábiles posterior a su publicación, es decir, que desde el 21 de octubre pasado, este proceso debió concretarse.
El documento aprobado precisa la creación de Consejos formados por los propios trabajadores que deberán participar en la preparación y formación sobre el tema, con el objetivo de que el personal contara con las herramientas jurídicas y técnicas ante los casos delitos sexuales en las áreas de trabajo.
Dio a conocer que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como la ALDF, tendrían que haber difundido el resultado de la armonización y homologación de los dos protocolos en favor de las mujeres trabajadoras, porque, destacó, todas deben estar informadas de cómo prevenir delitos sexuales y en caso de haberse consumado éste, cómo afrontarlos antes y después de las denuncias respectivas.
Ángeles Valencia dijo que el acoso sexual laboral, es producto de una relación desigual entre hombres y mujeres, esto conlleva a relaciones de poder desigual que genera situaciones de violencia, afectando principalmente a las mujeres en los temas de salud física y emocional, además de deteriorar su dignidad, su economía personal y la de su familia.