Por: Redacción/

Durante el foro “Diálogos 19S. Reconstruyamos nuestra ciudad”, organizado por el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD), secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se conocieron experiencias y problemas que enfrentan las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre, a fin de construir acuerdos que permitan consolidar un mapa de ruta y eficientar la atención que necesitan.

En el último día de actividades se presentaron las conclusiones de las cinco mesas de trabajo realizadas los días 15 y 18 de junio, en las que participaron legisladores, funcionarios, especialistas en protección civil, organizaciones civiles y vecinos afectados, quienes plantearon la importancia de hacer de la Ciudad de México una más resiliente, agilizar los trabajos y redirigir los recursos presupuestales para este proceso.

En la Mesa “Facultades de las autoridades en materia de protección civil y procesos de atención a damnificados”, moderada por Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, A.C., se concluyó que es necesario contar con un comité de expertas y expertos que analicen cada proyecto desde una visión interdisciplinaria para evaluar inmuebles, personas y subsuelo.

Asimismo, que la reconstrucción debe tener una visión de derechos humanos para fortalecer la parte social del territorio y dejar un legado en materia de prevención de desastres. “Hay un buen andamiaje normativo, sistemas de protección civil federal, estatal y municipal, pero faltan estándares de competencia laboral y estrategias de capacitación y profesionalización”.

Además, falta comunicación entre autoridades y dependencias para garantizar la prevención y atención; también brigadas comunitarias, con ciudadanos que puedan apoyar en la integración del sistema; incluir una visión de género con acciones específicas donde las mujeres participen de los beneficios de reconstrucción y posibilitar la denuncia por no llevar a cabo acciones de prevención, mitigación o reducción de riesgos.

Durante la mesa “Censos y Funcionamiento de la Comisión de Reconstrucción”, coordinada por Dania Ludlow Deloya, diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se resolvió que se ha identificado “escasamente” el 50 por ciento de los inmuebles afectados. Se abordó la importancia de ampliar y focalizar la atención de personas y realizar un diagnóstico por zonas de riesgo así como de integrar un documento que se entregará a la siguiente administración, para a abonar a la mejor construcción de propuestas.

Se planteó identificar construcciones anteriores a 1985, que por su antigüedad y falta de mantenimiento no cuentan con características de seguridad, para impulsar acciones preventivas. Además, crear un sistema de registro de inmuebles con niveles de riesgo, para que futuros compradores o arrendatarios tengan conocimiento de las condiciones de la construcción.

En el panel “Infraestructura pública dañada, Atlas de Prevención de riesgos”, que coordinó Dolores Franco, presidenta del Colegio de Urbanistas de México, se planteó la importancia de dar claridad a la ruta de trámites; fortalecer la coordinación con organizaciones que atienden a damnificados; impulsar campañas de sensibilización y capacitación para empleados públicos que deban atender esta problemática; dar seguimiento a servicios y que se habiliten trámites en línea.

Además, redirigir asignaciones presupuestales a estados, así como apoyar al patrimonio histórico y cultural; dar claridad a esquemas de financiamiento para que sean más comprensibles, sobre todo para personas de la tercera edad; actualizar el atlas de riesgo; fortalecer organizaciones de apoyo a damnificados de otros estados; elaborar un protocolo de atención y hacer planes de protección civil.

En la mesa Financiamiento de la reconstrucción, coordinada por Janet de Luna, directora de proyectos en Mejor Ciudad, A.C., se concluyó que es urgente encontrar modelos de apoyo para damnificados donde no se utilice la política como medio u obstáculo. “En el cruce nos encontramos que por decisiones políticas no llegan los recursos a quien los necesita”.

Para brindar financiamiento a los afectados, se propuso definir o conceptualizar el término de damnificado, porque no existe una regulación o legislación que lo defina; saber cuántos hay y de qué tipo son, si son propietarios o no, si es propiedad individual o condominal.

Se planteó la necesidad de considerar regímenes especiales para comerciantes “que tuvieron daño en los edificios donde tenían su centro de negocios”; a ejidatarios que tienen dificultades para acreditar la propiedad del inmueble, y usuarios del patrimonio cultural histórico, debido a que se ignora qué procede en esos casos y por consiguiente no reciben recursos o apoyos del gobierno.

En la mesa Transparencia y rendición de cuentas, se resaltó la falta de información, “que se transforma en falta de transparencia, porque no se sabe cómo se utilizan los recursos o a qué autoridad acudir y a nueve meses del sismo, hay quien sigue sin tener un dictamen”.

Se consideró que la información recabada debe alimentar la Plataforma CDMX, la cual, “bien utilizada podría ser de mucha utilidad”; se propuso la digitalización de todos los documentos, “porque si se tiene un buen historial de los datos, se puede dar solución”.

Además, a la falta de un mapeo, de un plan de restructura o del completo conocimiento de las zonas afectadas, se suma la ausencia de información para iniciar sin ninguna planeación. Planteó elaborar un directorio de autoridades y participantes, accesible a la gente para que sepa hacia dónde enfocar sus inquietudes, asignar responsabilidades y pedir rendición de cuentas.