Por: Redacción/

Como resultado de los trabajos de su Reunión Plenaria, los 45 diputados federales de Morena acordaron su Agenda Legislativa para el próximo Periodo de Sesiones Ordinarias que arranca en San Lázaro el viernes 1° de septiembre, y que contempla diez ejes estratégicos encaminados a la verdadera transformación política, económica y social de México.

En dicho encuentro –que se llevó a cabo el 21 de agosto en Toluca, Estado de México–, determinaron enfocar sus esfuerzos a tres temas prioritarios: Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 con enfoque social; seguridad pública, para combatir la violencia e inseguridad, y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que permitiría el establecimiento de un registro de víctimas y más apoyos a sus familias.

Encabezados por Rocío Nahle García y Virgilio Caballero Pedraza, Coordinadora y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, los legisladores federales reiteraron su compromiso de continuar su labor a favor de todos los mexicanos, sobre todo de aquellos que menos recursos tienen, así como combatir la corrupción e impunidad que impera en los altos niveles de gobierno.

Los diez ejes estratégicos que impulsarán de septiembre a diciembre de 2017 son: “Política de Austeridad Republicana”; “Por la construcción de un sistema económico y de bienestar social que termine con la desigualdad y configure un nuevo escenario para una vida digna y feliz para todas y todos los mexicanos”; “Seguir haciendo iniciativas por una vida pública sin corrupción y transparente”.

Además “Pugnar por revisar y proponer acciones correctivas en materia energética, educativa, laboral, hacendaria y telecomunicaciones”; “Restitución de tierras a campesinos despojados a partir de la contrarreforma agraria de 1992 y reconocimiento de derechos de los pueblos originarios”; “Pugnar por erradicar la violencia como política de Estado y contra el uso arbitrario y desmedido del poder público”.

Asimismo, “Por una verdadera administración, impartición y procuración de justicia y el combate a la impunidad; “Por el respeto al marco constitucional de los derechos humanos universales y contra la discriminación por cualquier motivo relacionado con el sexo, la edad o la profesión”; “Por la transformación del régimen político para recuperar la vía democrática para México”, y “Hacia una nueva política internacional”.

De acuerdo con el eje uno, los diputados federales de Morena buscarán disminuir el financiamiento de los partidos políticos y eliminar las pensiones vitalicias a los expresidentes de la República, para ahorrar recursos que cubran necesidades sociales prioritarias, mientras que el objetivo del segundo eje es legislar para que el PEF 2018 dé prioridad a los programas sociales.

En su tercer eje, determinaron promover que el Presidente de México pueda ser juzgado como cualquier servidor público. Además vigilarán de cerca los casos de corrupción en los que están inmersos funcionarios y exservidores públicos con Grupo HIGA, OHL y Odebrecht.

Como prioridad del cuarto eje, la bancada de Morena propondrá una nueva política energética que rescate a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, fomentarán una transformación profunda del campo y la autosuficiencia alimentaria, según se desprende del quinto eje.

Respecto al punto seis de la Agenda Legislativa, se rechazarán las iniciativas sobre seguridad interior y la estrategia de mando único. En el eje siete, plantearán la derogación del arraigo y se castigue el espionaje político.

Los diputados de Morena impulsarán también la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, una iniciativa de reformas a la Ley del ISSSTE y a la Ley General de Salud, y que se garantice el derecho a la no discriminación.

El eje nueve de dicha Agenda señala que impulsarán la aprobación de reformas para lograr las figuras de plebiscito, referéndum y presupuesto participativo; que se hagan efectivas las consultas populares y se elimine el fuero constitucional.

Por último, en el eje diez, la bancada de Morena trabajará para que el Presidente de la República nombre a embajadores y cónsules generales exclusivos de la rama diplomático-consular; y que todos los tratados internacionales sean sometidos a consulta popular.