Por: Redacción

Legisladoras, funcionarios y expertos alertaron que a pesar de los avances en el empoderamiento de las mujeres en los distintos escenarios del país, siguen presentándose de forma constante casos de violencia en su contra, principalmente en materia obstétrica, política-electoral, laboral y en el derecho de propiedad y justicia agraria.

Al continuar en San Lázaro la Mesa de Trabajo “Igualdad de Género, Discriminación y Derechos Humanos: Avances, Obstáculos y Propuestas para una Agenda Legislativa”, se pronunciaron por fortalecer facultades de instancias encargadas de la protección de mujeres, así como por fortalecer las políticas públicas que les ayuden a su desarrollo pleno y garanticen acceso a la educación, salud, trabajo y justicia.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), pidió tipificar como concepto de violencia política de género las acciones u omisiones que restringen los derechos políticos electorales de las ciudadanas y/o el ejercicio de sus cargos públicos, ya sea a nivel federal o local.

“Los actos de violencia política de género no sólo se realizan durante las elecciones, por lo que la protección debe ser más allá de los procesos electorales”.

Promover actos, amenazas e intimidaciones en contra de mujeres candidatas a puestos de elección o realizar simulaciones en el registro de candidaturas, así como obligar a la mujer a renunciar al cargo ganado, debe tipificarse como conducta delictiva.

“Si bien subir las penas no sirve para inhibir este tipo de conductas, sí manda un mensaje muy claro de que es interés de la ciudadanía que se sancionen estas acciones”.

Propuso establecer en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que la Fiscalía tenga una serie de atribuciones de corte legal para actuar en contra de los responsables, sin violentar los derechos de candidatos o partidos políticos, y atendiendo los delitos que atentan contras las mujeres participantes del proceso.

Isaías Trejo Sánchez, director general de Quejas de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró que algunos de los obstáculos para lograr una igualdad material entre hombres y mujeres son la discriminación, los estereotipos, marginación social, rezago educativo y en materia de salud.

De estos, destacó el que incumbe a la violencia obstétrica, es una de las razones por las que las mujeres presentan más quejas ante la 4ª Visitaduría de la CNDH; afecta diversos derechos humanos, principalmente al de la salud, la integridad personal e incluso al de la vida, expuso.

Escenario que es más recurrente en mujeres en situación de pobreza e indígenas. “La función de los médicos es de vital importancia, lo cual se reconoce; sin embargo, es necesario entrar a un estudio de esta violencia para ver cuáles son sus características y trabajemos en favor de una solución para las víctimas y sus hijos”.

Si bien la violencia obstétrica no está regulada en el ámbito federal, es reconocida en los marcos jurídicos de 19 entidades del país, mientras que los delitos contra los derechos reproductivos son contemplados por cuatro entidades; la violencia de pareja o en el noviazgo, en ocho; la política-electoral, en seis, y la mediática o publicitaria sólo en dos.

Trejo Sánchez relató que en noviembre del 2015, la instancia que representa emitió la Recomendación General 23 sobre matrimonio igualitario, la cual da cuenta sobre la discriminación que existe contra la comunidad LGBTI, destacando que los estereotipos culturales, económicos y sociales que obstaculizan el acceso al matrimonio con igualdad, son los mismos que propician la violencia hacia las mujeres y la igualdad de género.

“La igualdad en los hechos no se ha alcanzado realmente, por lo que se requiere la instrumentación de políticas públicas efectivas que fortalezcan la presencia, acceso y oportunidades en la educación, la justicia, la política y el empleo para las mujeres”, puntualizó.

El subsecretario de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, aseguró que cualquier esfuerzo a favor de la equidad de género que no pase por el tema laboral será intrascendente, dado que al 2016, existen poco más de 19 millones de mujeres en el mercado de trabajo, de las cuales, 14 millones o 72 por ciento, son madres, y de ellas 4 millones 100 mil son jefas de familia.

La participación de la mujer en la Población Económicamente Activa (PEA) pasó de 17.6 por ciento en 1970 al 43 por ciento al día de hoy, son cifras contundentes de la evolución de las actividades productivas en nuestro país; no obstante, México ocupa los últimos lugares de la PEA de la mujer a nivel de América Latina, sólo por arriba de Honduras, Guatemala y la República Dominicana.

“Si le preguntan a una obrera lo que para ella representa que el 42 por ciento de la Cámara de Diputados son mujeres, les resulta irrelevante; lo que ellas quieren es que se empareje el piso para que haya acciones de igualdad y las mismas oportunidades en materia laboral”.

Enfatizó que el trabajo doméstico constituye la gran deuda social, en donde se encuentra mayormente la discriminación, principalmente en lo jurídico e institucional, en la que laboran 2 millones 400 mil personas, de las que el 95 por ciento son mujeres.

“El último reporte del IMSS señala que tiene 3 mil 49 trabajadoras domésticas afiliados por la vía del Aseguramiento Voluntario al Régimen Obligatorio, lo que equivale al 0.1 por ciento del sector”, lamentó.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), llamó a caminar de la mano con la administración pública federal y las organizaciones de la sociedad civil en la lucha y conquista por los derechos humanos de las mujeres en todos los aspectos, en cada ámbito, donde se han dado batallas a pequeña o gran escala.

Puntualizó que este evento es un primer ejercicio rumbo a la construcción de una agenda de igualdad de género “a la que exigimos que se sumen todas las bancadas, para que haya congruencia del discurso con los hechos”.

Explicó que durante la revisión del Anexo 13, encontraron que hizo falta contar con medidores de impacto para que cada peso destinado al empoderamiento de las mujeres dé resultados. Aseguró que, en razón del ambiente de austeridad y complejidad del PEF 2017, no se permitirá que el “presupuesto para este rubro se tire”.

En su ponencia “Prevención de las Violencias contra las Mujeres. Criterios para Legislar con Perspectiva de Género”, la secretaria de la comisión, diputada Erika Rodríguez Hernández, indicó que la primera atención a las mujeres debe darse a nivel municipal, en donde no se ha logrado una sensibilización de las autoridades, hay una falta responsabilidad, ni cuentan con un presupuesto con enfoque de género.

“Ahí tenemos un gran pendiente para que las mujeres tengan realmente acceso a la justicia y no quede sólo en manos de la Federación y el Estado”, apuntó.

La diputada Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo (PRI) señaló que la igualdad sustantiva sólo se va alcanzar si se trabaja en empoderar a las mujeres, especialmente las del ámbito rural, quienes son tan capaces como cualquier mujer citadina y se les debe atender de manera equitativa.

Dijo que es importante que la Secretaría de Salud trabaje en coordinación con la comisión, de la que es integrante, ya que hay temas pendientes como el del cáncer cérvicouterino, el cual incide principalmente en mujeres de escasos recursos.

La diputada Arlet Mólgora Glover (PRI) consideró que la violencia política es una problemática social, en donde debe trabajarse en la prevención y en la cultura de la denuncia del delito, lo cual debe ser parte de la agenda legislativa del próximo periodo.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD), quien preside la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, pidió sumar esfuerzos con la STPS para lograr acciones concretas que perciban las mujeres del país y no estén sólo en discurso.

Al evento asistieron representantes de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Salud, de Economía, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otros.

La titular de Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Aida Marina Arvizu Rivas, precisó que de los 4 millones 958 mil 319 habitantes de zonas rurales, campesinos, avecindados, comuneros o integrantes de núcleos agrarios, sólo un millón 306 mil 951 mujeres cuentan con derecho de propiedad.

De este número, el 63 por ciento son ejidatarias mayores de 50 años, mientras que 29.6 por ciento son comuneras de más de 65 años de edad.

“Aunque las mujeres son más de la mitad de la población total rural en el campo, sólo una cuarta parte tiene derecho a la propiedad, principalmente porque las superficies o terrenos prefieren heredarse a los varones”, indicó.