Por: Redacción/

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, afirmó –ante el Pleno de la Cámara de Diputados– que ha iniciado el rescate del campo mexicano y la recuperación de la seguridad alimentaria con soberanía.

Al empezar su comparecencia, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, el funcionario subrayó que la seguridad alimentaria requiere, en gran medida, de una política de Estado orientada a lograr, en primer lugar, la autosuficiencia de al menos cinco productos básicos: maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche.

“Nos proponemos aumentar la disponibilidad de alimentos básicos y reducir la presencia de las importaciones, condición principal para el logro de la seguridad alimentaria de los mexicanos”, señaló.

“Los mercados globales han representado una gran ventana de oportunidad para los agronegocios, sobre todo en la exportación, pero su beneficio no puede ser limitado a un reducido número de productores, tampoco podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria nacional”, abundó.

Villalobos Arámbula comentó que como consecuencia de las políticas implementadas en los últimos 30 años, México se convirtió en la principal nación importadora de maíz del mundo, “distinción lamentable, si se considera que nuestro país es el centro de origen y domesticación de este cereal, y la gran diversidad genética de esta especie es la base de la alimentación de todos los mexicanos”.

“Del mismo modo, en 2018 México se convirtió en el primer país importador de leche en polvo a nivel mundial, y en el séptimo país importador de carne de cerdo. En 2017 importamos el 36 por ciento del maíz amarillo, el 81 por ciento del arroz, el 76.2 por ciento del trigo panificable y el 36 por ciento de carne de cerdo, así como también el 37 por ciento de los lácteos que consumimos”, refirió.

El secretario expuso que para lograr el rescate del campo y garantizar la seguridad alimentaria, la Sader “ha dirigido sus esfuerzos al fortalecimiento de un sector agroalimentario sustentable, incluyente y basado en el incremento de la productividad y competitividad, cerrando las brechas entre distintos productores y diferentes regiones, apoyando a los campesinos a salir de la pobreza y marginación”.

Apuntó que hay una enorme desigualdad en el sector agropecuario y pesquero, donde se distinguen dos polos asimétricos: uno que genera riqueza y otro que perpetúa la marginación y el atraso.

Refirió que el 18.7 por ciento de las de las 5.4 millones de unidades económicas rurales que hay en el país se dedica a la agricultura empresarial con grados diversos de competitividad y participación en el mercado, incluso exportan sus productos.

Mientras que el 81.3 por ciento restante, que son alrededor de 4.3 millones de unidades económicos rurales, tiene como característica la agricultura familiar, mayoritariamente de autosuficiencia o una limitada vinculación al mercado y a las actividades empresariales y de ventas menores a los 100 mil pesos anuales.

“Más del 55 por ciento de la población rural nacional vive en pobreza y de éstos el 16.4 por ciento padece pobreza extrema”, dijo.

Villalobos Arámbula señaló que el 49 por ciento del presupuesto de la Sader –que este año es de 65.4 mil millones de pesos– se ha destinado a apoyar a los pequeños y medianos productores rurales.

“Los programas de Producción para el bienestar, de Precios de Garantía, de Fertilizantes y de Crédito Ganadero a la Palabra así como el de apoyo a cafetaleros y cañeros han demostrado que con una entrega de recursos de manera directa, sin intermediarios, es posible causar un mayor impacto entre quienes tienen el derecho de recibir estos beneficios”, indicó.

“En este gobierno estamos convencidos de que los desafíos de nuestro sector requerirán utilizar la totalidad de los recursos disponibles en inversión del conocimiento, innovación, tecnología y capital humano, también tendremos que lograr la incorporación de todos los productores en condiciones favorables, de manera que continuaremos enfatizando la provisión de bienes públicos, como la información agroalimentaria, como los servicios de sanidad e inocuidad y calidad, y el financiamiento a las actividades agrícolas, pecuarias y pesquero-acuícolas”, externó.