Por: Vicente Flores Hernández

A dos meses de iniciar la segunda parte de su mandato, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en conferencia de prensa dio a conocer nueva información científica que descarta que se haya presentado un fuego en el basurero de Cocula, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, hecho relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural, Raul Isidro Burgos.

De acuerdo con el informe leído por Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Beristaín, el GIEI trabaja en las propuestas proporcionadas a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre nuevos escenarios de búsqueda y líneas de investigación de los hechos en esta segunda etapa.

En cuanto a  la investigación y búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el GIEI señaló que la PGR no consideró necesario un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, pero se tomó el acuerdo conjunto de establecer las características de los peritos y las condiciones adecuadas para hacer un nuevo dictamen. En la actualidad la PGR trabaja con el GIEI en dicho proceso de selección, definición de la metodología y de los tiempos de trabajo.

El GIEI señaló que no hay ninguna constancia en el expediente, ni en declaraciones de inculpados ni en la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, de que un grupo mucho más reducido de normalistas fuera llevado a dicho basurero, por lo que pide no especular sobre nuevas hipótesis sin base y que los objetivos del peritaje se centren en evaluar los hechos señalados.

Desde el 13 de marzo de 2015, el GIEI pidió a la PGR registros o fotografías satelitales para evaluar la existencia del llamado “incendio del basurero de Cocula”. En el estudio citado, el monitoreo satelital muestra un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, mismo que no corresponde a las coordenadas de Cocula. Dicho informe concluye que: “sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días”. El GIEI considera que este análisis apoya totalmente las revelaciones incluidas en su informe y que debe ser aportado como un material fundamental en la realización de cualquier estudio

También, el Grupo ha señalado a la nueva unidad la importancia de que no se fragmente la investigación en otros escenarios y que deben estar acumulados en el caso. Además, ha pedido que se procese una evidencia recogida que aún no ha sido analizada y que se acumule a la investigación con participación de peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al igual que en otros lugares.

Sobre el 5º autobús tomado por los normalistas y cuya existencia fue descubierta por el GIEI, mismo que podría tener que ver con el móvil de los hecho, han solicitado que se revisen las reconstrucciones realizadas posteriormente sobre el autobús como si éste estuviera plenamente identificado, y que deben ser reconsideradas a la luz de la evidencia.

Desde el inicio de su trabajo, el GIEI mostró la importancia de entrevistar a personal del Batallón 27 para conocer detalles sobre los hechos; no fue sino hasta finales de agosto y principios del siguiente mes, que 11 militares se presentaron para dar o ampliar su declaración a la PGR, sin que esto se informara al GIEI. Estos 11 militares están en la lista de 27 proporcionada por el Grupo a las autoridades en abril de 2015, como parte de los que requiere entrevistar. El grupo indicó que dadas las condiciones en que el Ministerio Público tomó dichas entrevistas, considera que se necesita re-entrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos con las preguntas que la organización ha preparado.

Por otra parte, el grupo de científicos del GIEI informó que de acuerdo a los reportes de los médicos de la PGR, el 70% de los detenidos tenía lesiones, parte de las cuales pueden corresponder a malos tratos o tortura.

Posteriormente, en los casos donde los detenidos han denunciado torturas, tanto los jueces como la CNDH han pedido informes basados en el Protocolo de Estambul, reconocido internacionalmente para estas evaluaciones. Sin embargo, en la mayoría de casos la realización de entrevistas y exámenes se va a diferir entre 5 y 6 meses más, lo que limitará la posibilidad de encontrar y evaluar los posibles impactos.

Por último, el GIEI instó al legislativo para que se debata la ley sobre desaparición de personas, a fin de contar con un marco legal que articule medidas de prevención, investigación, sanción así como el respeto total a los derechos humanos de todas las personas.