Por: Redacción

El diputado del GPPRD Fernando Rubio Quiroz, presentó un punto de acuerdo ante la comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exhortar al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, remita un informe pormenorizado de las afectaciones a nueve Áreas Naturales Protegidas y son las siguientes:

Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, la Región Terrestre Prioritaria del Bosque Mesófilo de Montaña, la Reserva Ecológica Ciénaga Grande de Xochimilco, el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y Parque Natural Gran Bosque Otomí-Mexica y el Parque Nacional Arrecifes, por los megaproyectos realizados en las zonas y que se estima han afectado los ecosistemas.

Indicó que México se ubica como el segundo país con mayor número de ecosistemas y se encuentra entre los países con mayor número de especies, ya que concentra entre el 10 y 12 por ciento del total de las especies conocidas en el mundo. Nuestra posición geográfica y las condiciones climatológicas, así como el sinnúmero de relieves nos permiten concentrar una de las mayores riquezas a nivel internacional.

Las investigaciones sobre el tema, dijo, arrojan cerca de 23 mil 500 especies de plantas, 530 de mamíferos, más 830 de reptiles, al redero de 1 mil 150 especies de aves y más de 47 mil 850 especies de insectos. Además, poseemos grandes hectáreas de zonas de humedales, entre los que destacan los manglares, áreas protegidas por la Ley General de Vida Silvestre, lagunas costeras, pastizales, selvas, y sistemas arrecifales, que aportan servicios ecosistémicos y que concentran gran biodiversidad.

En ese sentido, el diputado Rubio Quiroz señaló que es deber del Estado mexicano garantizar el cuidado y protección de esta amplia variedad de ecosistemas, pues su riqueza biológica y cultural son parte de nuestro patrimonio natural, además de que, por los bienes y servicios ecosistémicos, son vitales para el desarrollo de nuestro país y el cumplimiento del derecho constitucional a un medio ambiente sano, de ahí, la importancia de fortalecer y mantener un sistema eficaz de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

El diputado del sol azteca informó que la CONANP administra 181 áreas naturales de carácter federal que representan 90 millones 638 mil 621 hectáreas y apoya 381 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 408 mil 639 hectáreas.

Sostuvo que pese a los esfuerzos por decretar y crear nuevas Áreas Naturales Protegidas a lo largo y ancho del país, los recortes presupuestales de los últimos dos años que han representado en conjunto más del 5 por ciento del presupuesto al sector ambiental, hacen imposible que el cumplimiento de la normatividad y la vigilancia en las ANP se realice de forma ordenada y rigurosa, es decir, se tienen más ANP, pero menos presupuesto que se traduzca en acciones de resguardo a esas zonas, así lo demuestra el cuarto informe de gobierno de la actual administración.

Por ejemplo, añadió, las inspecciones en ANP durante la anterior administración para el primer año, representaron una cifra total de 928, mientras que en la actual administración apenas se efectuaron en 601, ahora bien, ese mismo dato para el cuarto año de gobierno en la anterior administración fue de 917 inspecciones, mientras que el cuarto informe de la actual administración contabiliza apenas 337, es decir, cerca de menos 45% inspecciones realizadas en comparación con el inicio de la presente administración, los operativos y las rondas sistemáticas de vigilancia en áreas naturales protegidas arrojan cifras similares, de las 4 mil 18 rondas sistemáticas de vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad con las que inicio la presente administración, para el 2016 la cifra ascienda 513, es decir, las acciones de vigilancia han disminuido en un 83 por ciento.

De tal suerte que, aunque las ANP son el mayor instrumento jurídico que tiene el Estado para salvaguardar sus recursos naturales, la falta de acciones concretas en la materia inducen a que la simple creación de nuevas ANP sea insuficiente y, por tanto, permite que la construcción de megaproyectos en estas zonas, que están destinadas a fines de conservación, no cumplan con su objetivo principal, agregó.

En los últimos años, los megaproyectos han relegado las declaratorias de ANP, pues, de acuerdo con un reportaje reciente de Contralínea, “en al menos nueve casos, las obligaciones de protección de biodiversidad han sido ignoradas tanto por las autoridades como por particulares”.

Casos como la “Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, en Veracruz, depredada no sólo por la minera La Morelense (explotación de oro y plata), reabierta en 2014 pese al movimiento ciudadano de oposición; sino también por cazadores furtivos y crimen organizado, en su modalidad de traficantes de especies en peligro de extinción”

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La recategorización del Nevado de Toluca y el Parque Natural Gran Bosque Otomí-Mexica, que detonó el conflicto social y de violencia de autoridades hacia los pobladores de Xochicuautla, “violentados por la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan (promovida por la SCT como parte de la infraestructura relacionada con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), a cargo de una filial del Grupo Higa”.

La Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales en Nayarit, amenazada por el proyecto Hidroeléctrico las Cruces (CFE); el gasoducto Tuxpan-Tula que afecta el Bosque Mesófilo de Montaña en Puebla, la Reserva Ecológica de Xochimilco, afectada por las obras del Sistema de Aguas capitalino; el Parque Nacional Arrecifes, en Quintana Roo, perjudicado por el desarrollo hotelero; el Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin, cuya amenaza es encabezada por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); “El Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur; las Reservas de la Biósfera Isla Guadalupe, en Baja California; El Pinacate, en Sonora; Montes Azules y Selva Lacandona, en Chiapas; y el Área de Protección de Flora y Fauna Holbox, en Quintana Roo”, son sólo algunos de los casos más recientes que han despertado el malestar social y de grupos ambientales, por el mal manejo de los recursos naturales durante la presente administración, precisó el diputado Fernando Rubio.