Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno a impulsar y orientar políticas públicas en favor del goce y ejercicio plenos
del derecho al agua y al saneamiento, con base en su interdependencia con otros derechos y
las garantías de igualdad y no discriminación en el acceso al vital recurso.

Al presentar el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de
los derechos humanos, elaborado por la CNDH y la UNAM, el Ombudsman nacional, Luis Raúl
González Pérez, lamentó que la disponibilidad de agua se haya reducido, lo que incrementó la
brecha de desigualdad por su acceso en el territorio nacional, con afectación especial para las
comunidades rurales.

El Estudio, realizado por la CNDH y la UNAM, afirma que, si bien las autoridades en materia
de agua miden la contaminación orgánica y física de las aguas utilizadas en las ciudades en
lo relativo a la calidad del elemento, las publicaciones oficiales no han mostrado la
contaminación derivada de las descargas industriales, ni han evidenciado la remediación de
los cuerpos de agua contaminados, ni el tipo de participación de los responsables de la
contaminación.

Destacó la complejidad de los problemas de escasez hídrica y sobreexplotación de acuíferos
que enfrentan algunas entidades federativas del norte del país, que se agravan por el uso de
la fracturación hidráulica o fracking, que demanda volúmenes de agua de 9 a 29 millones de
litros por pozo y uso de hasta 750 químicos tóxicos.

Con base en dicha investigación, señaló que nuestro país cuenta con una red hidrográfica de
633 mil kilómetros de longitud, de la que destacan 51 ríos principales, cuyas cuencas cubren
el 65% de la superficie territorial continental. Anualmente, México cuenta con 446,777 millones
de metros cúbicos de agua dulce renovable con la cual se deben satisfacer las necesidades
de la población, aseguró.

González Pérez indicó que la protección del derecho al agua debe guiar las discusiones para
elaborar la legislación secundaria, aún pendiente, y sostuvo que es prioritario conjuntar
esfuerzos para la armonización legislativa que incorpore estándares internacionales en materia
ambiental y tome en cuenta el principio de precaución y los más avanzados criterios de
sostenibilidad ambiental.

Ante Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM y Presidente de la Red del
Agua UNAM; Domingo Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades; Adriana Sandoval
Moreno, investigadora de la Unidad Académica de Estudios Regionales, y Coordinadora
Académica del Estudio, y Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH,
el Ombudsman Nacional anunció que enviará el Estudio al Congreso Federal para que sea
tomado en cuenta en los proyectos legislativos en la materia.

Ante los negativos escenarios que arrojó el Estudio, el derecho al agua y al saneamiento en
relación con la protección de ríos, lagos y acuíferos requiere estrategias que faciliten acceso
mayor y sostenible a ese recurso, en particular para las personas y comunidades de las zonas
rurales y urbanas más desfavorecidas.

El Ombudsman nacional subrayó que una alianza de esa naturaleza será importante en la
realización de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el
Objetivo 6 que propone mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos.

Leonardo Lomelí destacó la importancia de esta investigación, ya que el problema del agua
afecta al país en forma transversal, ya que se refleja en la economía, la sociedad, convivencia
social y conservación del medio ambiente, y por supuesto a varios derechos humanos cuando
la gestión del agua no es la adecuada, la contaminación pone en riesgo los mantos de agua y
su escasez ahonda los desequilibrios sociales.

Este problema se debe acometer desde la óptica de varios grupos multidisciplinarios desde su
perspectiva ambiental y natural, pero también desde la dimensión económica y social. Por
ello, la importancia de la labor de la CNDH que ha ampliado su agenda de atención a los
derechos económicos, culturales, sociales y ambientales.

Domingo Alberto Vital señaló que el estudio es modelo de trabajo interinstitucional e
interdisciplinario, y conjunta esfuerzos sobre temas muy importantes con perspectiva de
derechos humanos con la conservación del agua y la preservación del medio ambiente.

Jorge Ulises Carmona Tinoco presentó un esquema de la situación de lagos, ríos, cuencas, a
través de tablas, gráficas y mapas, describiendo la contaminación y sobreexplotación del agua,
lo que incrementa los costos de suministro y el déficit constante en especial a los sectores más
pobres de la población. De seguir así, planteó, en el año 2030 la sobreexplotación puede
causar afectaciones a los sistemas y a la sociedad, difícilmente reversibles.