Por: Redacción/

La Cámara de Diputados recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el “Informe Especial sobre personas mayores en los centros penitenciarios de la República Mexicana”, en donde se destaca que padecen constantes violaciones a sus garantías.

Este grupo en reclusión carece de programas para evitar la discriminación; de infraestructura para atender sus necesidades de ubicación y desplazamiento; de atención a la salud especializada; carencias en las dietas y alimentos conforme a su estado de salud; inadecuada identificación, así como falta de equipos médicos de apoyo para moverse con independencia (andaderas, sillas de ruedas y bastones entre otros).

En el documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos, se sugiere armonizar la normatividad entre el Código Penal Federal, códigos penales locales, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional de Ejecución Penal, e instrumentos internacionales en la materia, a fin de brindar atención eficaz y eficiente a esta población y considerarla para fines de libertad anticipada.

Se plantea prever recursos presupuestales pertinentes, infraestructura en los centros penitenciarios conforme a los estándares internacionales para poder garantizar que personas mayores de 60 años, internas o visitantes, puedan tener mejor acceso al establecimiento carcelario.

También, establece la obligación de que los Centros de Reclusión

Penitenciaria cuenten con un registro de personas de más de 60 años que incluya condiciones de salud, necesidades específicas de alimentación, apoyos y ubicación para garantizar el respeto a sus derechos humanos.

La CNDH sugiere promover programas para evitar su discriminación, procurando condiciones de igualdad con respecto al resto de la población en internamiento.

Propone que el Estado, firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, así como aplicar políticas públicas que permitan una vida digna a las personas privadas de la libertad de más de 60 años de edad.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en los centros penitenciarios hay 5 mil 846 personas mayores, de las cuales 234 son mujeres y 5 mil 612 hombres. Dentro de este grupo de individuos en reclusión, se advierte que 59.03 por ciento tiene entre 60 y 65 años y el 40.97 por ciento más de 66 años.