Por: Redacción

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es una buena ley que recoge los planteamientos del Grupo Parlamentario del PRD y del propios auditor Superior de la Federación, entre los que destaca mayor participación de la sociedad civil en los procesos de fiscalización y mayores atribuciones para la Auditoría Superior de la Fedaración.

En reunión de comisiones unidas para analizar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, vicecoordinadora de los senadores del PRD adelantó que la fracción votaría a favor de dicha ley. Reconoció que no es una ley perfecta y a partir de su promulgación será necesario llevar a cabo un seguimiento puntual de su aplicación y la construcción de los mecanismos operativos para su vinculación con las otras leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Padierna Luna enfatizó que la ley elimina la mayor parte de las limitaciones que tiene la ASF para hacer efectiva su labor y se establece un proceso adecuado para la asignación de su titular.

Asimismo, agregó la senadora, se abre la posibilidad de que la sociedad civil participe activamente en la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos, sin embargo tiene la limitación de que las denuncias sólo se refieren al manejo financiero de los recursos y no sobre la efectividad y eficiencia con que se usan. Además, se establece un sistema de contraloría social, mediante el cual la sociedad civil puede presentar peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas.

Por su parte el senador Armando Ríos Piter reconoció que la minuta enviada por la Cámara de Diputados en materia de fiscalización representa un avance sustancial para reforzar el combate a la corrupción. Explicó que con los cambios se introduce un mecanismo de fiscalización de participaciones federales de manera directa, que incluye la aplicación de las fórmulas de distribución de éstas y se establece la posibilidad de fiscalizar la deuda de las entidades.

Sin embargo, señaló que aún puede fortalecerle la fiscalización en tiempo real, que en gran medida era el corazón de la reforma constitucional; es decir darle capacidades a la Auditoría para l detectar anomalías y pueda evaluar la actuación de un programa de manera inmediata.

Respecto a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas en la Cámara de Diputados, la senadora Dolores Padierna subrayó que se le dan atribuciones a la Secretaría de la Función Pública adecuadas a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual es procedente y necesario.

No obstante, recordó desde 2013 se derogó el art. 37 correspondiente a las atribuciones de la SFP, lo que implicaba su desaparición.

En esta iniciativa, apuntó, prácticamente se retoman todas las funciones que anteriormente tenía la SFP a excepción de las vinculadas al control presupuestal de servicios personales y de desincorporación de activos de la Administración Pública. Mencionó que el hecho de que sea la SFP quien nombre a los titulares de los órganos internos de control es muy importante porque ahora se establecen criterios para que el nombramiento de los titulares sean las personas más calificadas.

Padierna Luna subrayó que los criterios para designar al titular de la SFP ya no será el Ejecutivo, sino el Senado de la República.