Por: Oscar Nogueda/

En entrevista con Mugs Noticias, José Antonio Guevara Bermúdez, Director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), indicó que el acuerdo presidencial es contrario al quinto transitorio que reforma, adiciona y deroga disposiciones del Constitución mexicana en materia de Guardia Nacional, así como a los establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Constitución política de México.

“Lo que hace este acuerdo es justo lo contrario. Manda al Ejercito a las calles sin especificar lo extraordinario de la medida, sin establecer para que los está mandando a la calle, sin establecer ningún mecanismo de fiscalización y, mucho menos, reglas que establezcan la subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil. Se trata de un acuerdo con fundamento legal dudoso, la orden no es precisa. Es un acuerdo que nos perpetua en la inseguridad jurídica que inició Felipe Calderón con el despliegue de las Fuerzas Armadas en el 2006, es decir están refrendado jurídicamente una política de militarización”, declaró Guevara Bermúdez.

El Acuerdo Presidencial, publicado el pasado 11 de abril, señala que se dispondrá de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Para varios organismos de defensa de los derechos humanos, este decreto no cumple con los estándares internacionales en la materia, además de que mantiene una política de militarización de la seguridad pública de México.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sentenció, en el caso Alvarado Espinoza, a México cumplir con estándares internacionales en el respeto a los derechos primordiales, la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Estas medidas deben cumplir con los principios de extraordinaria, es decir situaciones necesarias, particulares y temporales. Guevara Bermúdez señaló que “cuatro años para hacer gran parte de las funciones de la Guardia Nacional, no respeta el criterio”.

El criterio de subordinación y complementación sostiene que las Fuerzas Armadas deberán seguir los protocolos de una policía civil, integrados en el artículo 21 constitucional, y no extender sus facultades a las propias de las instituciones de procuración de justicia o policía ministerial. Por su parte, el decreto puntualiza una coordinación entre la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con las Secretarias de la Defensa Nacional y la Marina.

“Para que actúe conforme a las reglas de derechos humanos en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas deben subordinarse a las autoridades civiles, es decir la autoridad civil le tiene que decir que hacer y como hacer las cosas. La autoridad ante la operación depende de los civiles y, en este caso, al establecer la coordinación en el acuerdo está diciendo tú marino actúa como sabes, tú soldado actúa como sabes, tú seguridad pública actúa como sabes. La subordinación indica que los militares actúen conforme a las reglas de la policía”, dijo Guevara Bermúdez.

Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, externó que las Fuerzas Armadas estarán subordinadas a la Guardia Nacional, sin embargo, el Director de la CMDPDH subrayó que el decreto permite a cada dependencia actuar conforme a sus capacidades, lineamientos y regulaciones.

Por ello, expresó que “la Sedena y Semar están facultados para hacer la guerra. En ninguna parte tienen atribuciones para seguridad publica y nada de sus ordenamientos jurídicos se desprende que estén capacitados para la seguridad pública”.

El Colectivo Seguridad Sin Guerra enfatizó que el decreto simula la regulación de la participación del Ejercito y Marina en las labores de seguridad pública y remarcó que dicho decreto contrapone el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Igualmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció una falta de certeza jurídica en la encomienda presidencial.

Otro de los conceptos es el de regulación, el cual apunta que se debe indicar a los militares los objetivos de la seguridad pública que deben perseguir, de acuerdo con un plan preestablecido. Asimismo, Guevara Bermúdez agregó que el decreto ignora la capacitación de los militares en materia de seguridad pública.

“Los policías están entrenados para tener contacto con la ciudadanía, para poder mediar en los conflictos vecinales, para defender conforme a las reglas de derechos alas personas, para asegurar las pruebas de una escena del crimen.  Los militares, claramente, no están entrenados para eso, no están pasando por un entrenamiento para eso. Además, no pueden realizar muchas de estas actividades porque existen prohibiciones en la constitución como en el derecho internación de que los militares no pueden realizar funciones de policía de investigación”, manifestó Guevara Bermúdez.

En cuanto al principio de fiscalización, el acuerdo manifiesta que los militares estarán vigilados por los órganos de control interno de cada dependencia y no por mecanismo calificados e independientes a estas instituciones como apunta la CIDH. Asimismo, Guevara Bermúdez agregó que los órganos de control interno de las Fuerzas Armadas no cumplen con los estándares internacionales para la fiscalización de acciones en materia de seguridad pública.

“Todo el exceso, que comentan los militares en este despliegue, según este decreto serán conocidos por estos órganos internos de control. Todos los delitos que afecten algún derecho humano tienen, forzosamente de acuerdo con la Constitución y al derecho internacional, que ser investigados, procesados y sancionados por las autoridades civiles. Este acuerdo deja las cosas como están”, expresó Guevara Bermúdez.

Por su parte, el Senador Ricardo Monreal pidió confiar en las Fuerzas Armadas en sus tareas de seguridad pública, asimismo agregó que la Cámara Alta vigilará la actuación de los soldados y marinos en el periodo indicado.

Ante esta declaración, Guevara Bermúdez sentenció que “no veo que, en este contexto, donde las Fuerzas Armadas testan operando tantos temas importantes, se dejen fiscalizar por un órgano colegiado. No ha sucedió y no veo que vaya a suceder. El año pasado se crearon comisiones de investigación en la Cámara de Diputados, como en el caso Tlatlaya y la Defensa Nacional no cooperó con esta comisión de investigación”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) mostró su preocupación por la falta de lineamientos y de información en el acuerdo del Presidente López Obrador e instó al Gobierno Federal garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población.