Por: Redacción/
La diputada Dolores Padierna Luna (Morena), vicepresidenta de la Mesa Directiva, aseguró que el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura que recientemente presentaron el gobierno federal y la iniciativa privada, contribuirá a revertir el estancamiento económico.
En un comunicado, expuso que el acuerdo contempla un primer paquete de 147 proyectos por un monto de 859 mil millones de pesos que se invertirán entre 2020 y 2024, podría ampliarse en etapas subsiguientes, ya que se tienen identificados un total de mil 600 proyectos en los que pudiera participar el sector privado.
Para 2020, detalló, se tiene previsto que la inversión privada sea de 431 mil millones de pesos que, sumados a los 760 mil millones de inversión pública, dan un total de 1 billón 191 mil millones de pesos, equivalentes al 4.5 por ciento del PIB, lo que indudablemente representa una buena noticia.
Reconoció que México ha acumulado importantes rezagos en materia de infraestructura, lo que ha limitado la eficacia con que se realizan otras actividades económicas, así como los servicios básicos a la población.
En este sentido, sostuvo que no contar con una infraestructura suficiente y de calidad tiene impactos directos en el bienestar de la población y en el desempeño económico, agregó.
Asimismo, recordó que en administraciones pasadas se intensificó la participación privada en materia de infraestructura a través de diversos esquemas, como la apertura del sector energético, el otorgamiento de concesiones en los sectores de telecomunicaciones y trasportes, las asociaciones público-privadas y los contratos para la prestación de servicios.
Sin embargo, destacó que no en todos los casos la participación privada se estableció de manera equitativa y en las mejores condiciones para el país. Incluso se presentaron muchos casos de corrupción. Por ello la actual administración ha revisado los esquemas de participación privada, sin descartar su importancia.
Padierna Luna señaló que es indispensable que se asegure que los procesos de elaboración, licitación, seguimiento y evaluación se lleven al cabo de manera transparente, privilegiando en todos los casos el interés nacional y el beneficio económico y el bienestar de la población.
“Para que los proyectos sean exitosos, al sector público le corresponde, además de su definición y otorgamiento de manera transparente, asegurar su viabilidad técnica y económica, así como remover los obstáculos que eventualmente pudieran limitar su desarrollo”.
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