Por: Redacción/

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Senadores del PAN, PRI y PRD argumentaron que impedir que integrantes del Poder Judicial de la Federación trastoca la autonomía e independencia de ese Poder.

Argumentaron, además, señalaron que el proceso legislativo de la ley no debe ser procedente, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mantener la suspensión a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La ley que establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente, se mantendrá congelada hasta que se revise su constitucionalidad en la Corte, recordó la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI.

Por su parte, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, alertó de los riesgos que representa la ley porque se integran sanciones al servidor público, cuando, procediendo de buena voluntad, incurra en un error y perciba una retribución mayor a la debida.

De Morena, la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez consideró que nadie puede ganar más que el Presidente porque el país no está en condiciones económicas para pagar sueldos elevados a funcionarios ni a servidores públicos.

Con el aval de la mayoría de los legisladores, se incluyó subsanar errores aprobados en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, armonizar la legislación y actualizar conceptos.

Entre ellos, regular las percepciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias. De las entidades paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autonomía, las empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.

Otra de las omisiones subsanadas fue adicionar que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sea el responsable de emitir una opinión anual sobre las remuneraciones y los cargos clasificados como técnicos especializados con la opinión de, al menos, tres universidades nacionales.

Armoniza la referencia a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en vez de salario mínimo; como resultado de la reforma constitucional de enero de 2016. Y la legislación relativa a los delitos de corrupción por el pago y recibo indebido de remuneraciones.

El dictamen incorpora que cualquier persona puede formular denuncia ante el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción o ante el órgano de control interno para efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente.