• Los especialistas destacaron la falta de coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno en las investigaciones de personas desaparecidas, así como el acceso a la justicia en estos casos. A nivel nacional, solo se han emitido a 25 sentencias sobre desaparición forzada, de las cuales  6 son de un mismo caso.

Por: Oscar Nogueda/

Especialistas, víctimas de desaparición forzada y servidores públicos reconocieron la aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de las Naciones Unidas para conocer sobre casos particulares. Sin embrago, destacaron que esta aceptación representa un mayor reto para el Estado mexicano.

En el webinar de México ante la ONU de la organización Idheas, Litigio estratégico en derechos humanos,  Carmen Rosa Villa, integrante del Comité CED, externó que el voto unánime del Senado de la República refleja la necesidad de atender las desapariciones forzadas que ocurren en el país. Asimismo, destacó que esta aceptación representa una oportunidad para que las víctimas expongan sus casos ante un órgano internacional.

“El voto unánime del Senado ha sido muy importante al aprobar la declaración que reconoce la competencia del Comité y da cuenta de la necesidad de prestar atención a las desapariciones forzadas que suceden en el país. Esta decisión trascedente, para quienes aleguen ser víctimas de violaciones por parte del Estado en las disposiciones  de la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas, un expedito camino para presentar una comunicación individual siempre que responda a la condiciones establecidas en el párrafo 2 del artículo 31”, señaló Carmen Rosa Villa.

Por su parte, Daniel Zapico, miembro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), añadió que la aceptación de la competencia del Comité CED forma parte del fortalecimiento en el ámbito de los derechos humanos, así como significa una serie de nuevos compromisos para el Estado mexicano.

“Es un paso importante, radica en varios niveles, es  parte del fortalecimiento de los derechos humanos, al abrir más puertas a las víctimas. Además, es un compromiso al   escrutinio internacional, a que se atiendan obligaciones internacionales y prevenir violaciones. Es un reconocimiento a las víctimas. La aceptación del Comité  supone abrir la puerta a que un organismo internacional abra esta puerta a la comunicaciones individuales de las víctimas, y pronunciarse supone ese reconocimiento a la víctimas  y desechar esa estigmatización hacia las víctimas”, señaló Daniel Zapico

Carmen Rosa Villa indicó que unas de las principales problemáticas encontradas en los casos, que ameritaron una acción urgente de las Naciones Unidas, fueron la confusión de noción de búsqueda con investigación del delito, acciones investigativas de los allegados de la personas desaparecidas, que quedan sin avances. Además, se encontró que las autoridades temen ir a lugares para  conjuntar elementos probatorios,  una falta de coordinación institucional y estrategia conjunta, las grandes dificultades para integrar elementos en investigación.

Además,  la integrante del Comité CED subrayó que “es clave implementar mecanismos oficiales y claros a través de los cuales los equipos a cargo de la búsqueda e investigación tengan que rendir cuentas. Las autoridades no hacen pleno uso de sus facultades”.

Igualmente, los especialistas destacaron la falta de coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno en las investigaciones de personas desaparecidas, así como el acceso a la justicia en estos casos. A nivel nacional, solo se han emitido a 25 sentencias sobre desaparición forzada, de las cuales  6 son de un mismo caso.

Ana Batalla, miembro de la ONU-DH, explicó que algunos de los requisitos para la aceptación de comunicaciones individuales son la acreditación de violaciones a la a Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el agotamiento de los recursos nacionales para solucionar los casos y que el mismo caso no sea llevado por otra instancia internacional.

Aunado a ello, externó que podrán presentarse casos de desaparición cometidos desde el 2010 a la fecha. También, apuntó que el Comité CED emitirá formas de reparación del daño, así como el dictamen del organismo internacional deberá ser divulgado por las autoridades federales. La representante de la ONU-DH puntualizó que el proceso puede tener una duración de un año.

Sobre los casos de desaparición de personas ocurridos en años anteriores al 2010, las comunicaciones individuales deberán ser presentadas ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tal como el caso de Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno, Víctor Manuel Guajardo.

Juan Carlos Gutiérrez, Director General de  Idheas, aseguró que existe la posibilidad de que México pueda colapsar el Sistema de Naciones Unidas debido a la gran cantidad de casos de desaparición de personas. En ese sentido, el defensor puntualizó que hay una desconfianza hacia las autoridades estatales, por lo que el sistema federal se encuentra  rebasado.

El Director de Idheas llamó al Comité CED a analizar el patrón sistemático de desapariciones forzadas en México, tal como el caso de Nayarit. El 24 de agosto, el Comité CED emitió 39 acciones urgentes para casos de desaparición forzada en Nayarit entre el 2012 y 2020.

En la comunicación enviada al Comité, Idheas informó que  la mayoría de la desapariciones ocurrieron en el 2017, después de la detención del  entones fiscal Edgar Veytia. Al mismo tiempo, indicó que las víctimas tenían entre 16 y 35 años de edad, así como se constató la participación de agentes de la fiscalía nayarita en estos hechos.

La organización acusó que la Fiscalía de Nayarit mantiene en la institución a personal que participo en estos casos de desaparición forzada, además remarcó la omisión de la fiscalía en realizar una investigación exhaustiva, independiente e imparcial.

“No se va a terminar el tema de las desapariciones en México si  no hay un verdadero compromiso y participación de los estados y municipios. No se trata saturar ninguna de las cadenas de actuación a nivel nacional e internacional”, expresó Daniel Zapico.

Karla Quintana Osuna, Comisionada Nacional de Búsqueda, apuntó que la aceptación de la competencia del Comité es un paso importante dentro de la política nacional en materia de desaparecidos. Además, agregó existen avances del gobierno federal en esta materia.

“Se emitió el protocolo homologado que determina, a nivel nacional, diversas obligaciones en materia de búsqueda de personas. Hemos tratado de avanzar en el registro de personas desparecidas, seguramente hay un subregistro. Se está construyendo en materia de política pública. En el protocolo homologado de búsqueda hay autoridades primarias,  están las fiscalías, fuerzas de seguridad y los  jueces. Cuando se busca se está investigando, toda persona tiene  derecho a ser  buscado e investigar. También,  las autoridades trasmisoras  como las embajadas y las comisiones”, detalló Quintana Osuna.

La Comisionada manifestó que se está realizando un fortalecimiento de las instituciones forenses  en entidades como Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Sonora y Colima. No obstante, resaltó que se privilegia la búsqueda en vida.

“El Comité persigue se cumplan las  obligaciones internacionales y  se garanticen derecho de las personas. Las recomendaciones han servido para identificar vías de acción para proteger los derechos de las víctimas como la situación forense  y la adaptación de una legislación general de desaparición. La responsabilidad para cumplir recomendaciones es para  superar la  indefensión de las  víctimas y ayudar para que  se organice el  aparato estatal. Las herramientas, en sí mismas, no solución los problemas en tanto las autoridades no asuman como propias, no haya recursos necesarios y una formación  que penetre a los responsables de cumplirlas”, mencionó Daniel Zapico.

CNB: LAS MEDIDAS URGENTES SON OBLIGATORIAS PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES

Carmen Rosa Villa dio a conocer que, hasta el mes de agosto, el Comité CED otorgó 968 acciones urgentes, de las cuales 413 provienen de México. En el  85 por ciento de la información se han brindado  notas de seguimiento y reiterado recomendaciones  relativas a la búsqueda e investigación por parte de  las autoridades. Cabe destacar que 323 acciones urgentes permanecen abiertas.

La titular de la CNB resaltó que las recomendaciones internacionales son vinculantes para las autoridades mexicanas. A pesar de ello, expresó que hay autoridades nacionales que no consideran la existencia de una obligación para el cumplimiento de las recomendaciones internacionales.

Marcos Moreno, Director de  Atención de Casos  de Organismos internacionales de Derechos Humanos de la Segob, comentó que es necesario fortalecer la coordinación  de las autoridades para cumplir las medidas cautelares. Asimismo  reconoció que la capacidad humana se encuentra rebasada.

“Hay expectativas muy elevadas para la gente y nos obliga a nosotros a repensar las formas de como podemos fortalecer. Estamos viendo que la capacidad humana está siendo rebasada  para dar seguimiento a los compromisos internacionales.  Tenemos 219 asuntos y un equipo  reducido de trabajo, es insostenible que se pueda dar un seguimiento puntual”, externó Marcos Moreno.

A pesar de ello, enumeró las acciones que implementarán las autoridades para cumplir con las obligaciones internacionales. Estas acciones son estrechar la comunicación con  las víctimas, estandarizar los protocolos en las mesas de trabajo para tener claridad en las estrategias gubernamentales. También, puntualizó que es necesario un programa específico  mecanismos para los  órganos autónomos y realizar un ajuste presupuestal.

Juan Carlos Gutiérrez dijo que “las acciones urgentes son  vinculantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará este tema  y  va a ser crucial para impulsar la discusión en el uso del derecho internacional y aumentar el  esfuerzo de cumplimientos efectivos y una política del Estado sobre este tema”.

Sobre ese tema, el recurso amicus curie 289/2018, interpuesto por la CNB, detalla que “todas las  autoridades están obligadas a garantizar el cumplimiento de lo que el Estado mexicano se ha obligado al ratificar los diferentes tratados en materia de derechos humanos, como su efecto útil en el derecho interno. Este principio aplica tanto a las normas sustantivas, como a las procesales. Es importante recordar que cualquiera de las determinaciones internacionales en materia de derechos humanos reiteran la obligación de la garantía y respeto de los derechos humanos por parte de dichas autoridades, las cuales están obligadas a que la finalidad y razonamiento de dichas determinaciones tenga una implementación efectiva en favor de la personas”.