Por: Redacción

Frente al alto nivel de inseguridad y siniestralidad en carreteras, ocasionado por la circulación de doble camiones doble remolque y el incumplimiento de leyes, reglamento y la NOM-012-SCT-2014, la Comisión de Transportes analiza reunirse con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Policía Federal, cámaras de representantes y personas afectadas por estos vehículos de carga.

Durante una reunión de trabajo, el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), presidente de esta instancia, señaló que la Junta Directiva analiza la posibilidad del encuentro, que sería independiente de la comparecencia del funcionario federal, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, prevista para el 23 de noviembre.

Afirmó que es necesario escuchar a todos los involucrados en este tema, antes de decidir el siguiente paso. “Esperamos estar listos este mes para tener esa reunión de trabajo y discutir a fondo, el tiempo que sea necesario, con la argumentación de cada parte” y cuestionamientos directos.

El diputado Jorge López Martín (PAN) manifestó que esta situación ha generado más de mil muertes en lo que va del año, por lo que es interés de esta Comisión abrir ese espacio para escuchar a todas las personas relacionadas con el transporte de carga, incluidos los afectados, para normar un criterio y dictaminar en breve las iniciativas sobre el tema presentadas por diversos grupos parlamentarios.

El exhorto es, dijo, resolverlas antes de que concluya el periodo legislativo, en 60 días, en aras de cumplir con el mandato constitucional y responder a la población que busca una pronta solución.

Del PVEM el diputado Mario Machuca Sánchez (PVEM) destacó la necesidad de evitar siniestros en los que hay vidas humanas de por medio y se sumó a la solicitud de dictaminar en este periodo.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas apoyó la moción y pidió también que la Secretaría de Gobernación informe hasta qué punto se ha violentado la NOM-012-SCT-2014. “Se debe regular y respaldaremos esas acciones porque vamos a ayudar a la ciudadanía, pero debemos generar un punto de equilibrio”.

Del PRI, la diputada María Guadalupe Alcántara destacó la importancia de invitar al mismo encuentro también a los fabricantes, no sólo a operadores y empresas de transporte. Señaló que vale la pena conocer cómo ha avanzado la tecnología en cuestiones de frenado y de seguridad.

Durante la misma reunión se avaló un dictamen para reformar las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Vías Generales de Comunicación, del Registro Público Vehicular y de la Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para actualizar el término Ciudad de México.

Se trata de adecuar el lenguaje jurídico, que es un elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier Estado de derecho. Se busca dar seguridad jurídica a los gobernados, en el ámbito de la aplicación exacta de la norma, evitando que la autoridad administrativa la interprete discrecionalmente, y vulnere garantías constitucionales.

Asimismo, se aprobó un segundo dictamen que modifica la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para ampliar las facultades de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y pueda organizar foros y paneles nacionales e internacionales; también se contempla que los cruzamientos de vías férreas por otras obras podrán llevarse a cabo cuando las condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan, previa consulta a los residentes.

Entre otras cosas, plantea que a la conformación del Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios concurra un representante de la sociedad civil.

De igual forma se aprobó otro dictamen respecto a un punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinen y realicen un proyecto integral, sustentable y resiliente, para rehabilitar la vialidad denominada Anillo Periférico Manuel Gómez Morín.

El objetivo es garantizar el derecho a la movilidad de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara, y que contribuya como medida de mitigación de los efectos del cambio climático.