Por: Redacción/

Las declaratorias de alerta de violencia de género emitidas en algunas entidades como el Estado de México no han logrado la disminución de los casos de feminicidios, aun cuando el objetivo general es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la intimidación en su contra y la eliminación de las desigualdades producidas por una legislación o política pública, señaló la maestra Sandy Muñoz Miranda.

La investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) refirió que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos en un territorio determinado.

La académica –integrante del grupo que analiza la activación de la alerta de género en Yucatán a partir de la petición que realizaron organizaciones de derechos humanos de la entidad– sostuvo que a partir de la implementación de ese ordenamiento en 11 municipios mexiquenses se generaron desde 2015 programas de capacitación a servidores públicos, la modificación de algunos aspectos de la legislación y la creación de centros de justicia.

Sin embargo, “no ha habido disminución en el número de casos de feminicidios, incluso cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojan un aumento”, además datos de organizaciones de la sociedad civil refieren también que “no hay un gran cambio después de la declaratoria”.

En el caso de Yucatán el propósito de dicho grupo es visibilizar el problema y advertir al gobierno estatal que pueden tener un “foco rojo” respecto de la intimidación que sufren las féminas en su estado, además de plantear una serie de recomendaciones.

La solicitud fue generada a partir del 23 de junio y el seis de julio fueron publicados los resultados de la convocatoria, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se establece que el grupo de trabajo debe contar con cuatro representantes de instituciones académicas especializadas.

El grupo quedó conformado por la maestra Sandy Muñoz Miranda, Cynthia Gómez Gallardo, María Regina Carrillo Ramírez Valenzuela, y Rossana de Guadalupe Achach Cervera, de las universidades Autónoma Metropolitana, Juárez Autónoma de Tabasco, Autónoma de Yucatán y Marista, respectivamente.

Además participan representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, quienes se dieron a la tarea de analizar la petición para decretar la alerta de género en la entidad.

La investigadora de la Unidad Azcapotzalco explicó que para realizar el informe se llevó a cabo trabajo de campo principalmente en los municipios de Mérida, Progreso, Tizimín, Peto, Umán, Tekax, Ticul, Valladolid, Kanasín y Hunucmá, además del análisis de datos presentados por las distintas dependencias del estado que atienden el tema.

Lo anterior con la finalidad de determinar cómo es la atención a las víctimas, cómo se desarrolla la investigación y la sanción de dichas conductas, y con esto determinar qué rubros en política pública se deben fortalecer.

Además la información “nos ayuda a determinar si existe perspectiva de género entre los servidores públicos que atienden casos de violencia contra las mujeres, ya que esto es indispensable para que realmente haya una efectiva indagación y sanción de los delitos relacionados con este asunto”.

Para decretar una alerta en la materia no sólo se toma en cuenta lo cuantitativo, por ejemplo en el Estado de México se sabe que hay un gran número de feminicidios y no es el caso de Yucatán, pero “un solo feminicidio (y ahí ya hubo varios) es alarmante, porque estamos hablando de una situación de violencia extrema contra la mujer”.

Al término de esta investigación, el grupo realizó un informe que está en revisión y por presentarse al gobierno del estado, donde se hace una serie de recomendaciones al mandatario estatal, muchas de ellas en el sentido de ofrecer mejor capacitación al personal respecto de la perspectiva de género y de derechos humanos y modificar algunas leyes, entre otras medidas.

Si el gobierno del estado acepta ese informe “no se va a presentar la alerta, pero si no lo hace se declarará”. Durante la investigación se observaron carencias respecto de la capacitación del personal en perspectiva de género y derechos humanos, por lo que se puso énfasis en impulsar las políticas públicas necesarias para mejorar la atención de víctimas.

Otros problemas detectados fueron la falta de intérpretes para un gran número de mujeres que sólo habla maya, así como una “ausencia tremenda de datos” respecto de dónde ocurre con mayor o menor incidencia la violencia.

A lo anterior se añade que muchos de los centros de atención están concentrados en la capital del estado y el traslado representa un importante problema para las víctimas.

La maestra Muñoz Miranda consideró que la mayoría de las observaciones fue dirigida principalmente a temas de educación y sensibilización en el tema.

Por lo general “se piensa que la perspectiva de género es un asunto de feministas, sin embargo no es así, pues se busca generar una visión sobre las mujeres y los hombres que elimine la desigualdad, la injusticia y la jerarquización basada en el género, que promueva la igualdad y que contribuya a construir una sociedad en donde ellas y ellos tengan igualdad de derechos y oportunidades”.

En Yucatán la situación no es tan grave como en el Estado de México, pero sí existe la misma cultura machista arraigada entre la sociedad; “hay pobreza que somete a las féminas y la violencia económica es frecuente, sin embargo, se está a tiempo para cumplir las recomendaciones y si éstas son atendidas podría marcarse una diferencia respecto de lo que ha pasado en otras entidades”.