La iniciativa de ley de seguridad cibernética simplemente es inconstitucional porque criminaliza casi cualquier tipo de activismo que utilice internet como herramienta de comunicación y difusión, es decir, atenta contra los derechos a la libre expresión e información, alertó la senadora Angélica de la Peña.

Dijo que la ambigüedad de los términos de la iniciativa abre las puertas para que las autoridades actúen con absoluta discrecionalidad y puedan, por ejemplo, suspender sitios web que consideren “atentan contra la seguridad pública” o “sancionar a quien publique una imagen o mensaje que difunda, publique, copie o exhiba imágenes que perjudiquen a una persona, sin el consentimiento de esta”.

Destacó que es un absurdo pretender imponer una sanción de 20 a 55 años por Terrorismo Informático y definir confusamente este delito como el uso de tecnologías de la información, comunicación e Internet con fines terroristas, entre cuyos fines esté la difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública, “en el caso hipótetico que alertes a la ciudadanía a través de Twitter o Facebook para que no se acerque a determinada locación pues está ocurriendo una balacera, pues vas a terminar en la cárcel como un ciberterrorista”, añadió.

La senadora del PRD advirtió que esta iniciativa de ley pretende asfixiar al periodismo en línea con los llamados Delitos contra la Divulgación Indebida de Información de Carácter Personal, los cuales prohíben que cualquier persona o medio de comunicación divulgar información de interés público que sea privada, que no tenga autorización o consentimiento de su dueño, “con esta mordaza el reportaje Casa Blanca no habría podido denunciar tal conflicto de interés ni la sociedad se habría informado de un asunto de interés público, y sus autores estarían en la cárcel y no recibiendo el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo”, ironizó.

Explicó que tan mal redactada está la iniciativa que si un usuario cualquiera, en la computadora, lap top, tableta o teléfono de su propiedad, instala software nuevo o una actualización del mismo y no cumple con precisión quirúrgica los términos de uso, lo haría acreedor una sanción de uno a ocho años de prisión y multa de ochocientos a mil días de salario mínimo vigente.

De la Peña Gómez apuntó que es paradójico e inconstitucional que una Ley que pretende combatir el terrorismo cibernético recurra a medidas que pretenden infundir terror entre defensores y defensoras de derechos humanos, de periodistas, columnistas, fotorreporteros, comunicadores, ciudadanos y ciudadanas, para que abandonen el uso libre de internet, de coartar la difusión de sus ideas, pensamientos y críticas, en el medio más democrático existente.

La senadora señaló que legislar de manera improvisada, guiándose por la coyuntura, buscando el aplauso fácil, ha dado paso a leyes incoherentes e inservibles como la cadena perpetua a secuestradores o la prohibición de animales en los circos, ninguna resolvió de fondo la problemática, al contrario, la empeoraron, “combatir delitos cibernéticos requiere un análisis serio e integral, con argumentos técnicos, criminalísticos, que siga los estándares internacionales y, sobre todo, que priorice el respeto de los derechos humanos”, argumentó.

“Esa iniciativa no será aprobada, no lo permitiremos, desde hoy lo decimos, una ley de este tipo viola los derechos humanos y, por lo tanto, la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Sin duda que legislaremos sobre el tema, pero será una ley que será útil a la sociedad, no que la amordace”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.