• “Se busca una legislación ambiental acorde al valor de la riqueza natural de México”, sostiene la diputada Karen Castrejón.

Por: Redacción/

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside la diputada Karen Castrejón Trujillo, en coordinación con la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, desarrolló la primera de varias audiencias públicas que buscan enriquecer el proceso de análisis de las reformas en materia de economía circular y plásticos de un solo uso.

El mecanismo de participación ciudadana reunió a especialistas, organizaciones sociales y grupos de interés, mismos que presentaron propuestas, compartieron experiencias y expresaron sus posturas sobre el contenido de las minutas de Ley General de Economía Circular, y de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

“Pretendemos transitar de una economía lineal a una economía circular que proteja el medio ambiente y contribuya a reducir la generación de residuos, es decir, hacer un uso sustentable de los recursos naturales que sirven de materias primas para cualquier actividad productiva, de tal forma que la vida útil de los materiales se prolongue a través del tiempo, antes de que se conviertan en residuos”, puntualizó la diputada Castrejón Trujillo en un comunicado.

Admitió que las repercusiones de actualizar y homologar las leyes son de carácter social y económico, van desde las resistencias culturales al cambio hasta los costos derivados de las transiciones técnicas, para cumplir con el nuevo modelo económico bajo esquemas de sustentabilidad. Sin embargo, la finalidad es garantizar que México cuente con una legislación ambiental acorde al valor de su riqueza natural.

Las minutas en cuestión fueron aprobadas por el Senado de la República, en noviembre de 2021, y las modificaciones consisten en mejorar definiciones y conceptos como: desarrollo sustentable, manejo integral, prevención, minimización, recolección, valorización, aprovechamiento, y la respuesta a necesidades y circunstancias de cada región, todo ello, con la garantía al derecho humano a un medio ambiente sano.

Los ponentes agradecieron la apertura del Legislativo para enriquecer las minutas, y su disposición de actualizar la norma jurídica en la aplicación gradual, proporcional y con los menores costos posibles. Asimismo, destacaron que, por primera vez, introducen incentivos fiscales, económicos y facilidades administrativas para el desarrollo de mercados, mismos que permiten las cadenas de valor a fin de aprovechar el uso de materiales y residuos.

Hay preocupación por el aumento de los residuos, entre ellos, los plásticos y los electrónicos, que no se acopian y tampoco se reciclan al 100 por ciento. En México se generan 120 mil toneladas diarias de residuos, cada persona desecha en promedio 994 gramos de basura.

Afortunadamente el 77.98 por ciento de los desperdicios se pueden aprovechar, 46.42 por ciento son orgánicos y el 31.56 por ciento, son reciclables; pero otro 22.03 por ciento, son materiales no reutilizables, de ahí la necesidad de recolectar los desechos, separarlos y procesarlos con realismo económico, para proteger el medio ambiente.

Las organizaciones participantes en la primera audiencia pública, fueron la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C (ANIC), la Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos (AMRRE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Centro de Estudios del Sector Privado al Desarrollo Sustentable (Cespedes), Alianza México sin Plástico, la Asociación Civil ECOCE, la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México.