Por: Redacción/
Con 7 votos de Morena y del PRI a favor, y con 5 votos de abstención de diputados del PRD y PAN, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó solicitar en lo inmediato, al jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, la cancelación del contrato de Fotomultas en la Ciudad de México.
Mediante un Punto de Acuerdo, el coordinador de la bancada de Morena, César Cravioto Romero, sostuvo que es necesario eliminar las fotomultas porque hasta la fecha ninguna autoridad ha podido demostrar los supuestos beneficios en la reducción de accidentes.
Por el contrario, señaló que lo único que sí se puede demostrar es que las fotomultas han afectado de manera sensible a la economía de las familias de la ciudad, debido a los altos montos de pago, cobros elevados que no se equiparan con el salario promedio de los habitantes de la capital.
A eso se suma, agregó el coordinador, que el Gobierno de la Ciudad realizó al menos cinco contratos de los cuales varios de ellos fueron adjudicados a la empresa Inteltraffic, S.A. de C.V.
En todos los contratos, informó Cravioto, la Secretaría de Seguridad Pública se comprometió a otorgar el excesivo pago de un porcentaje fijo de cada multa cobrada. Los montos de los porcentajes fijos fueron del 46 por ciento en tres de los contratos y de 44.8 por ciento en uno de los casos, precisó.
El coordinador de la bancada expuso que los ingresos anuales por multas de tránsito de la Ciudad de México, se incrementaron en un 291 por ciento entre lo programado y aprobado en la Ley de Ingresos del 2015 y lo recaudado en 2017, al pasar de 573 millones aprobados para 2015, a 1,666.8 millones de pesos recaudados en 2017.
Sin embargo, destacó, las empresas privadas se quedan con más de 1500 millones de pesos, en lugar de destinarse a la infraestructura, programas sociales u obra pública en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
Cravioto Romero concluyó al señalar que con su abstención en este Punto de Acuerdo, el PRD y PAN muestran que siguen defendiendo el negocio de las fotomultas impuestas a los ciudadanos por Mancera.
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