Por: Redacción

La presidenta de la Comisión Especial de Trata de Personas, diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), sostuvo que la detención de los delincuentes y la aplicación de la ley para combatir este flagelo se han centralizado en la Ciudad de México, mientras que en el resto entidades estas acciones han sido muy incipientes.

Durante el Foro “Reflexionemos sobre la trata”, llevado a cabo por el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), de la Cámara de Diputados, la legisladora explicó que esto sucede ya que culturalmente no es un delito relevante, no se combate de modo decisivo y esto genera impunidad.

Por eso, continuó, es tan importante la cultura de la denuncia para combatir este delito y generar una red de prevención. “No sólo se debe proteger a las víctimas e ir por los delincuentes, sino evitar que estas cosas sucedan antes de que las niñas, niños y adolescentes sean esclavizados”.

Fernández Márquez puntualizó que es necesario capacitar al personal de fiscalías y Ministerios Públicos sobre los diez tipos de trata que van desde el laboral hasta la servidumbre por matrimonio, ya que al conocer los derechos es posible hacerlos valer.

De manera paralela, también se debe elaborar protocolos y líneas de emergencia que brinden orientación cuando exista un foco rojo y con ello evitar que los niños sean abusados.

Recordó que en el 2012 se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos que ha permitido crear una fiscalía especializada, donde participan las secretarías de Trabajo, Turismo y la de Economía para integrar a la sociedad a quienes han sido vulneradas.

“La comercialización de las personas es un delito que va en aumento y que si no se hace un buen ejercicio normativo se duplicará en México cada año”, advirtió la legisladora.

La trata de personas, afirmó, es un negocio muy lucrativo que se mezcla con otros delitos como narcotráfico, comercialización de armas, lavado de dinero, pero no se ve a simple vista, por lo que es difícil de identificar.

La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (PVEM), señaló que el tema de trata de personas “no puede dar cuentas alegres” hasta que se logre un cambio profundo sobre la manera de cómo se aborda el asunto en las escuelas, familias, corporaciones policiacas, así como en la forma de apoyar a quienes han sido víctimas en la reparación del daño y rehabilitación integral.

Destacó que desde la creación de la ley en el año 2012 a la fecha, no se cuenta con suficiente etiquetado de recursos en el presupuesto federal para atender la trata de personas, en el ámbito de refugios y atención de víctimas. Pidió unir fuerzas a los diversos grupos parlamentarios y luchar para que en el PEF 2017 se destine el dinero público para rescatar a las víctimas e integrarlas a la sociedad.

Al inaugurar el foro, la secretaria del Comité del CEAMEG, Genoveva Huerta Villegas (PAN), refirió que la información obtenida de los diversos ponentes servirá reflexionar acerca de los avances contra la llamada esclavitud del Siglo XXI “la trata de personas”.

Coincidió en la relevancia de que en el próximo presupuesto se destinen recursos para lograr aplicar la ley en la materia.

Adriana Gabriela Ceballos Hernández, directora general del CEAMEG, indicó que alrededor del 90 por ciento de las víctimas de trata en América son por fines de explotación sexual y laboral.

En tanto, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estima que el valor del mercado que se mueve detrás de la trata de personas asciende a los 32 mil millones de dólares, y asegura que anualmente cerca de 600 mil a 800 mil personas son trasladadas, a través de fronteras internacionales, para ser sometidas por estas redes criminales.

“Entre más personas e instituciones se involucren, debatan, aporten soluciones y contribuyan a erradicar la trata de personas, el cual atenta en contra de la dignidad humana, más se debilita a ese sistema delincuencial”, destacó.

Mencionó que la educación, la cultura y los valores vuelven a ser una herramienta para combatir este fenómeno, pero también lo es atender la pobreza y la marginación, elevar los niveles de vida y disminuir los índices de ignorancia.

El Ministro Consejero para Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en México, Joaquín Francisco Monserrate Penagaricano, se congratuló sobre la estrategia que ha implementado México para combatir la Trata de Personas; “es verdaderamente un modelo de cómo se debe trabajar, pues unen esfuerzos las tres ramas de gobierno, el sector privado y la sociedad civil”.

Expuso que en Estados Unidos se ha revisado la ley al menos cuatro veces desde que la aprobó en el 2012. En el 2008 las ONG´s alertaron al Congreso que las víctimas desconocían sus derechos, por lo que personas eran llevadas a trabajar a cambio de un salario que no cubría con mínimos establecidos.

En respuesta, el Congreso aprobó que las autoridades de todos los consulados entreguen a la persona que van a trabajar a Estados Unidos información sobre cuáles son sus derechos laborales.

“Este es un tema fluido porque estamos hablando de delincuencia organizada y a medida que los criminales se ajustan para evadir la ley, nosotros tenemos que modificar las leyes por igual y para ello se debe trabajar en equipo”.

Angela Quiroga Quiroga, titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, señaló que centrar el punto de atención a la víctima y no la persecución del delito, es una consecuencia de la restitución de los derechos de la víctima.

El delito de trata es complejo en muchos sentidos. Forma parte de una estructura sociológica y económica, esto lo hace un delito difícil de perseguir porque “se comete ante los ojos y la complicidad de muchas personas”. Es un fenómeno criminológico que tiene que ver con la desigualdad de género y la discriminación hacia las mujeres, afirmó.

Quiroga dijo que “a las mujeres se les retiene, engaña y engancha para cometer un delito con su cuerpo, la gente que está a su alrededor sí lo sabe: los padres, la vecina, la señora de la tortillería, hay lugares donde abiertamente se conoce. Muchos de los clientes, apuntó, también lo saben, pero no les importa ser parte de este delito que involucra a todas las partes”.

Refirió que las víctimas de trata no denuncian, aun cuando reciben los servicios médicos, psicológicos, de traslados, y no lo hacen porque en el tiempo que se encuentran cautivas reciben una cantidad de maltratos, amenazas y golpes que le es imposible romper con este temor, y “lo último que quieren es denunciar”.

Quiroga Quiroga pidió que la persecución se tome más en serio, pues la trata de personas es un delito peligroso que atiende a grandes corporaciones e industrias y que “se está extendiendo en nuestro país, generando grandes ganancias”.

Claudia Patricia Niño López, abogada colombiana, dijo que su nación ocupa el tercer lugar de trata, ya que el conflicto armado interno provoca desplazamientos, donde los campesinos e indígenas abandonan sus territorios hacia las ciudades, convirtiéndose en presa fácil de la red de tratantes, que ofrecen trabajo en situación de explotación sexual.

La trata es el tercer negocio a nivel mundial, después de la venta de armas y el narcotráfico, operado generalmente por hombres que someten y mercantilizan el cuerpo de las mujeres para someterlas a la explotación. Existen varias modalidades: explotación sexual, mendicidad, prostitución forzada, extracción de órganos, servidumbre, matrimonio servil.

Manifestó que los casos que más se presentan se relacionan con explotación sexual y prostitución, seguida de la trata laboral.

Para atender la trata de personas se debe cuestionar qué se hace con los clientes, pues “si queremos atacar el negocio, se tendrá que atender el origen”, señaló.

La directora general de Estrategias, de la Comisión Intersecretarial para prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, América Nava, solicitó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen recursos para crear un fondo que permita atacar este delito.

Aunque reconoció que hay avances legislativos, indicó que no todos los estados han reformado su normatividad, pues a partir de la entrada en vigor de la Ley General en la materia, sólo 14 reformaron o emitieron la propia, cinco la armonizaron parcialmente, y 13 no han hecho nada.

Pidió a los diputados exhortar a las entidades que no han armonizado su legislación, para que no existan impedimentos al hacer cumplir la ley y actuar contra los responsables del delito.

Dijo que en 2015 se brindaron 10 mil 363 servicios de atención a víctimas; se iniciaron 429 averiguaciones previas, de las cuales en el ámbito federal correspondieron 114, y en el estatal 315; se obtuvieron 127 sentencias: cuatro federales y 123 del fuero común. “Son números muy bajos, pero ha habido un alza a partir del año 2000, y ha costado mucho trabajo porque no teníamos concentrada la información y ahora tenemos estadísticas”.

El integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Antonio Hernández Barros, pidió dejar atrás cuestiones políticas y partidistas para modificar la legislación y disponer de recursos para la reparación integral del daño a las víctimas de trata y otros delitos.

Pidió unificar los fondos establecidos para la atención de víctimas de trata y de secuestro, que maneja la CEAV, de mil 500 millones de pesos, los cuales “no se han podido gastar en beneficio de esas personas”. “Se trata de flexibilizar la disposición del fondo para repartir esos recursos entre las víctimas para ayuda, atención, y reparación integral del daño”.

Sostuvo que la mayoría de los casos de trata quedan impunes, “no hay más que comparar el número de averiguaciones previas con el de sentencias federales”. Además, en 90 por ciento de los casos, las víctimas no se identifican como tales, y la dificultad de que denuncien deviene de cuestiones en las que, “a pesar de ser dañada su dignidad, concurren beneficios paliativos”.

Añadió que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata, duplica tareas en materia de atención a víctimas, por lo que llamó a crear leyes que establezcan claramente las competencias de investigación, sanción, búsqueda y erradicación, así como crear protocolos para el tratamiento de cada víctima individual.

De lo contrario, dijo, se requeriría una ley general para abordar cada delito de impacto social “y nos llenaremos de leyes generales que en nada favorecen a las víctimas”.