Por: Redacción/

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) será un factor clave en la implementación de la reforma en materia de justicia laboral a 90 años de su creación, aseguró su titular, Emilio Zacarías Álvarez.

A cien días de haber arrancado el Gobierno de México y en el marco del aniversario de la institución que vela por los derechos de los trabajadores de nuestro país, el procurador delinea el proyecto mediante el cual se corregirá y saldará la deuda histórica que tiene el gobierno con este sector.

“Estamos caminando hacia una procuraduría más cercana, eficiente y una institución de derechos”.

Esto implica que tendremos “una institución de defensa real de los trabajadores y que será pieza clave en la consolidación de sus derechos, en particular el acceso a la justicia. En la medida en que la fuerza laboral de este país tenga una institución cercana y que ponga por encima de cualquier presión sus derechos, favoreceremos el acceso a la justicia laboral”.

Al hacer un diagnóstico de cómo se encuentra la institución nonagenaria, Emilio Zacarías destaca tres áreas de oportunidad: mejorar el conocimiento y los servicios asesoría que ofrece la dependencia; convertirse en pieza factor clave en la implementación de la reforma de justicia laboral; y, reforzar la profesionalización de quienes brindan un servicio se asesoría dentro de esta institución con la finalidad de que sea integral.

Indicó que con 47 oficinas en todo el territorio nacional lo que se requiere, por instrucción de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, es estar presentes en la calle, con la ciudadanía, con los trabajadores para acompañarlos y orientarlos.

“Estamos trabajando en la protección y asesoramiento a los trabajadores en caso de despidos injustificados, alguna falta de pago de utilidades”

La idea, en un primer paso, es aumentar el conocimiento que hay respecto a la institución. “Que los servidores públicos conozcan que en la Profedet se les puede asesorar, orientar y representar de una manera más integral, cercana”.

El segundo, es convertir a la institución en factor clave en la implementación de la justicia laboral. “Que la procuraduría tenga a su cargo el acompañamiento de los actores, de los trabajadores, de las autoridades que deciden y resuelven los casos”.

En ese sentido, uno de los mayores retos es abatir el rezago que existe en las juntas de Conciliación y Arbitraje.

El tercer punto implica reforzar las habilidades y competencias de los servidores de la procuraduría. “Fortalecer su profesionalización y contar con un mayor número de abogados, médicos y perfiles de trabajadores que auxilien a quienes se acercan a solicitar una asesoría”.

Entre las primeras acciones emprendidas durante los primeros cien días, destaca la reactivación de las relaciones con las universidades del país, con los centros de trabajo, las cámaras de representación industrial y empresarial, así como con los sindicatos.

Aunado a ello y para consolidar la profesionalización del capital humano se renuevan y actualizan las guías de conciliación y acción, en especial para grupos de personas en situación de vulnerabilidad, a fin de que los trabajadores tengan mejor acceso a herramientas tecnológicas que les faciliten la denuncia, encuentren la conciliación como primera opción y sobre todo “para estar cercanos a la ciudadanía y así defender mejor sus derechos”.