Por: Oscar Nogueda/

A 11 años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, los padres de familia reiteraron su exigencia de justicia y aseguraron que con la actual administración  no se han observado avances en el caso.

“Una vez más solicitamos de tu valiosa solidaridad para que nos ayudes a 11 años a recordar a las 25 niñas y 24 niños, que no debieron morir en Guardería ABC, y las lesiones de decenas más en diferentes grados de gravedad. No está de más recordar  que a más de una década no hay justicia para nuestros hijos e hijas y que las instituciones que dicen impartirla a la fecha han sido omisas con su obligación”, expresó Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso.

Asimismo, comentó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) ha solicitado respuestas del Estado mexicano sobre el caso ABC, sin embargo, el gobierno no ha podido responder a esta petición. Igualmente, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha podido resolver el caso por falta de voluntad. Las autoridades gubernamentales comunicaron que la próxima semana la Corte resolverá tres juicios respecto al caso.

Por su parte, Julio César Márquez, papá de Yeyé,  enfatizó que esperan las resoluciones de la SCJN sobre  los juicios de amparo para mantener o modificar las sanciones  contra los imputados. También, recordó que hace tres años se dictaron sentencia a 19 servidores públicos y dos particulares por este siniestro.

“Hace tiempo un tribunal colegiado solicitó a la Corte que atrajera diversos juicios de amparo que presentaron tanto las familias de las víctimas como sentenciados, pero la Suprema Corte tardó casi un año en atraer esos juicios y tienen no menos de un año sin que se pronuncie”, dijo César Márquez.

El 5 de junio del 2009 ocurrió un incendio en la  Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. En aquel siniestro, perdieron la vida 49 menores de edad, 24 niñas y 25 niños, así como más de 100 lesionados porque quedaron encerrados  al interior del inmueble.

El incendio comenzó  en una bodega de papel  aledaña, ocasionado que el fuego atravesará rápidamente a donde se encontraban los infantes. Posteriormente, los familiares denunciaron falta de lineamientos de protección civil para este tipo de servicios.

El 22 de mayo del 2019 el IMSS presentó una denuncia ante la FGR contra el exgobernador de Sonora, José Eduardo Robinson Bours Castelo, por lo sucedido en la guardería. Esta querella  pidió investigar al exgobernador  por una probable responsabilidad  por no vigilar el debido funcionamiento y lo dictado por las Norma Oficiales Mexicanas (NOM).

“Como gobernador de Sonora y como responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, Eduardo Bours habría tenido el deber de implementar acciones para la identificación, análisis, evaluación, control y reducción  de riesgos en materia de protección civil”, dice la denuncia.

En la conferencia matutina del día de hoy, Zoé Robledo Aburto, Director del IMSS,  externó que la institución presentó una nueva denuncia con nuevas responsabilidades y hechos sobre el caso.

Al mismo tiempo, apuntó que lo sucedido hace 11 años  es un ejemplo de las consecuencias de la corrupción, aunado a ello aseguró que existía un desorden generalizado en la subrogación y vigilancia de las estancias infantiles.

El 12 de marzo del 2020, el Presidente López Obrador firmó un decreto para otorgar a atención vitalicia a los menores de edad que sufrieron una afectaciones por el siniestro, además se brindará una indemnización a los padres de los 49 niños fallecidos por el incendio, así como a maestros y otros adultos que inhalaron humo tóxico.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que las autoridades gubernamentales enviaron un informe a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que consideran que se debe resolver sobre el caso y estableció que el Estado mexicano se acoplará a las resoluciones y escrutinio internacional.

Hasta el momento, se han entregado recursos económicos para la reparación del daño a 110 familias y se mantienen las negociaciones con un núcleo familiar, asimismo hay 82 litigios abiertos contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por inconformidad de los montos entregados a las víctimas.

Gabriel Alvarado, abogado de 17 padres de familia, dio a conocer que por la contingencia sanitaria del Covid-19, la FGR mantiene suspendida la investigación del caso, también, está pendiente una averiguación previa que tiene una hipótesis sobre la posible intencionalidad del incidente. Manuel Rodríguez, padre de Xiunelth Emanuel, precisó que  las actuaciones de la FGR sobre el caso “dan lastima y coraje”.

Por último, El Subsecretario que se garantizarán los apoyos económicos para las víctimas inscritas en el CEAV, asimismo  anunció que se tiene un proyecto y los recursos para un memorial de la Guardería ABC pero esperan la aprobación de las familias.