Por: Gabriela Espinoza

De acuerdo a un estudio de la Cámara de Diputados publicado en marzo de este año, cerca de cinco mil jóvenes en México están recluidos en centros penales del país y 80 por ciento de ellos, internados por el delito de robo, aseguró la senadora Pilar Ortega Martínez, durante la inauguración del Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes.

La mayoría de los adolescentes mexicanos que entran con conflicto con la ley son de sexo masculino, tienen de 15 a 17 años, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen certificación laboral, informó con los datos de la UNICEF.

Destacó el año 2013 los centros de tratamiento para menores infractores reportaron contar con cuatro mil 691 menores internados y 6 mil 358 estaban recibiendo tratamiento externo. Durante este año, los 59 centros de tratamiento existentes en México recibieron 10 mil 936 adolescentes, de los cuales mil 983 habían infringido bajo el delito de robo a transeúnte, según el INEGI.

Para evitar que los jóvenes recluidos en centros de readaptación sigan abandonados por el Estado, indicó que se debe trabajar en una política pública  brinde atención a los jóvenes que vienen de familias desvinculadas o abandonadas por sus padres.

Señaló que en la pasada Legislatura se aprobó una nueva reforma a la Constitución a fin de que la Federación, los estados, establezcan el reforzamiento del sistema integral de justicia para adolescentes. Por medio de ésta se establecieron modificaciones legislativas a los artículos 18 y 73, fracción 21, cuyo propósito es establecer las bases para la expedición de la ley nacional de justicia para adolescentes que regule el sistema integral en la materia y que brinde oportunidades de reinserción a los jóvenes.

Entre los principales cambios que debe tener la reforma constitucional, dijo que  se tendrá que aplicar únicamente a las o los adolescentes mayores de 14 años de edad por la participar en un hecho que la ley señale como delito. Las personas menores de 12 años a quienes se atribuye que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, tienen que ser sujetos solamente de asistencia social.