Por: Redacción/

El Presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, Javier López Macías, demandó al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, fijar un salario mínimo profesional a los 5.5 millones de jornaleros agrícolas, establecer contratos laborales entre las partes y proporcionar prestaciones sociales como seguro médico y Afore.

Esto debido a que actualmente un trabajador agrícola, de 15 años o más gana en promedio 18.5 pesos la hora laborada, únicamente 14 de cada 100 agricultores cuentan con contrato escrito, los que trabajan sin contrato tienen el ingreso promedio más bajo con 11 pesos la hora.

En víspera de la conmemoración del “Día Internacional del Trabajo”, el Presidente de UNIMOSS, en declaraciones a medios de comunicación, recordó que la CONASAMI se había comprometido a convocar en el primer cuatrimestre de este año a los representantes de los trabajadores, empresariales y del gobierno para revisar las condiciones salariales para generar un ajuste.

Por lo anterior se sumó al llamado que hiciera el sector empresarial en días pasados para que se convoque a reunión de la CONASAMI a la brevedad a fin de retomar el tema del salario mínimo e incluso involucrar al sector rural en esta discusión.

De acuerdo con los datos disponibles al corte del mes de marzo de este año, el Salario Mínimo General se ubicará en 98 pesos con 15 centavos.

Mencionó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, los jornaleros agrícolas y los integrantes de sus hogares era de 5.2 millones de personas, alrededor del 78.0% de ésta se encontraba en condición de pobreza multidimensional, y alrededor del 99.0% en condición de pobreza o vulnerabilidad por insuficiencia de ingresos o por carencias sociales.

En promedio, los jornaleros reciben $2,992 pesos al mes. Este ingreso es 2.1 veces menor que el salario promedio nacional e, incluso, 1.4 veces más bajo que el de los jornaleros de otras industrias.

Además, Javier Eduardo López Macías, destacó que alrededor del 93.9% de los jornaleros no tiene prestaciones (como seguro médico o afore). De hecho, se mantiene la baja incorporación a la seguridad social de tal suerte que en 2016 sólo el 2.6% de los 18.6 millones de afiliados al IMSS eran trabajadores del campo, casi la mitad de los cuales estaban registrados como eventuales.

En cuanto al tipo de contrato, únicamente 14 de cada 100 agricultores cuentan con contrato escrito, en tanto que los trabajadores agrícolas de apoyo solo tres de cada 100 son contratados por escrito; para ambos tipos de trabajadores agrícolas que son contratados por escrito, seis de cada 10 tienen contrato escrito temporal o

eventual y los cuatro restantes de base o planta.

Para el dirigente de UNIMOSS, las cifras y la proporción de pobreza extrema rural en ingresos se mantienen prácticamente iguales desde hace 20 años.

La reducción de la pobreza requiere nuevas estrategias de dinamización económica de los territorios, un cambio drástico en las políticas de transferencias condicionadas para vincularlas a la generación de ingresos, inclusión de las mujeres al mercado laboral.

Consideró que los dos grandes ejes de fracaso en el campo se refieren a la inclusión social y a la inclusión productiva. Las políticas púbicas han sido orientadas, sobre todo, a compensar carencias, pero no a eliminar la pobreza. Por ello requieren enfrentar esas fallas y responder a la diversidad del campo. Por una parte es indispensable un mecanismo efectivo de protección social que rompa la inercia de la precariedad como refugio para enfrentar su propia condición de subsistencia y, en cambio permita tomar riesgos y diversificar actividades productivas.

Así, a pesar de que la población rural está compuesta por 50.4 % de mujeres ellas solo tienen el 19.6 % de los derechos de propiedad plena sobre la tierra. Esta condición legal sustenta la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y es un desperdicio de saberes, energías y visiones; las comunidades están perdiendo la oportunidad de sumar a un sector de su población que pudiera contribuir plenamente a solventar la problemática local y a impulsar iniciativas productivas-económicas, sociales y culturales.

Sólo 47% de las mujeres en edad productiva participan en la fuerza de trabajo y casi 60% de ellas tienen empleos marginales, informales, con poca protección social y salarios bajos, concluyó.