Por Vicente Flores

Un total de 30 sanciones contra servidores, ministerios públicos, peritos y agentes ministeriales,  involucrados en el caso Tlatlaya fueron emitidas por la Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México (IGESPEM), confirmó José Manzur Quiroga, secretario de Gobierno mexiquense.

Por violaciones al articulo 42 de la ley de responsabilidades de servidores públicos a algunos se les inhabilitó para ocupar un cargo público durante cinco años; a otros más por tres y otros por un año; la destitución e inhabilitación total fue para ocho servidores públicos, mientras que para 22 más se determinó una suspensión por un mes o más tiempo de las actividades.

No obstante, el funcionario no informó los cargos por los que fueron suspendidos los funcionarios.

Tras los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el poblado de San Pedro Limón, Tlatlaya se inició una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que derivó en la recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de ese mismo año.

Tras las indagatorias del gobierno federal, se inició una investigación administrativa contra de servidores públicos de la PGJEM, así como un proceso judicial contra siete policías ministeriales a quienes se les vinculo a proceso por el delito de tortura y abuso de autoridad.