Por: Redacción/

La Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres de la Comisión de Justicia realizó el conversatorio “Asignaturas Pendientes en Materia de Justicia para las Mujeres de Cara al Informe de México ante CEDAW 2020”, cuyo objetivo es fortalecer la agenda legislativa para erradicar discriminaciones y violencias que padecen mujeres y niñas.

Diputadas y especialistas abordaron temas como los acuerdos sobre justicia que el Estado debe firmar este mes ante la CEDAW; medidas específicas contra la violencia; acciones de la Cámara de Diputados, no solamente en términos legislativos y presupuestales sino como órgano de supervisión.

Fortalecer instituciones encargadas de políticas públicas

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), dijo que es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de las políticas públicas para erradicar la violencia de género y avanzar en la construcción de un Estado que garantice la integridad de las mujeres.

“Parece que hay una retórica de atacarlas directamente, de poner en duda su funcionamiento. Tal vez tienen problemas, tal vez no se están ejecutando bien las políticas públicas, pero la solución de ninguna manera es simplemente desaparecerlas”, agregó.

Entre los retos pendientes, mencionó la capacitación sistemática y obligatoria de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes y encargados en los ámbitos estatal y municipal. También, dijo, hay que hablar de los recursos que no existen, “que se han recortado”, porque la Comisión Nacional de Atención a Víctimas está “descabezada y sin presupuesto”.

En materia de alerta de género dijo que quedan nueve estados pendientes de su declaratoria; manifestó su preocupación por la reducción de recursos al Anexo 13 destinados a este mecanismo en siete entidades federativas con altos niveles de violencia de género. Al referirse a los Centros de Justicia para Mujeres, dijo que es necesario darles viabilidad y seguimiento, incluso alguna regulación.

Mejorar no sólo marcos jurídicos, sino el sistema de justicia

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, expresó que “no podemos negar que mueren 11 mujeres al día y que se ha incrementado la violencia durante la pandemia. Eso refleja que todavía nos falta mucho. No sólo es mejorar los marcos jurídicos sino el Sistema de Justicia, el cual tiene que operar de manera distinta”.

Indicó que “debe haber una justicia amplia, acompañada de un presupuesto y con políticas públicas adecuadas que garanticen plenamente el cumplimiento de cada una de las leyes y los derechos suscritos por el gobierno mexicano en los convenios internacionales, así como los que establece la Constitución y las leyes”.

Uno de los grandes flagelos es la impunidad. Cuando la autoridad manda un mensaje de que no importa la integridad y la vida de las mujeres, afirmó, “lo que está haciendo, además de empoderar al agresor, es fortalecer esas discriminaciones”; por ello, es fundamental que quienes hoy tengan en sus manos la aplicación de la ley y los operadores de justicia, realmente sean supervisados.

Villavicencio Ayala planteó trabajar de la mano con los congresos para generar una política integral que permita fortalecer las capacidades de las legislaturas locales y la federal en materia de rendición de cuentas, además de conformar un presupuesto que realmente atienda la problemática.

CEDAW emite las mismas recomendaciones y México no avanza

Patricia Olamendi Torres, abogada feminista, subrayó que el Comité CEDAW, por primera vez ha enviado recomendaciones de manera particular, tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial, y ha impuesto un mecanismo de seguimiento mucho más intenso “porque se le han hecho las mismas recomendaciones a lo largo de varios informes y nuestro país no avanza”.

Precisó que los temas sobre los cuales México tiene que informar son: si realmente se ha legislado en materia de feminicidio; la existencia de una política clara del Estado para enfrentar los problemas de las mujeres por la inseguridad y el crimen organizado; la desaparición de niñas y mujeres, así como el acceso a la justicia.

Consideró que las legisladoras tendrían que solicitar este informe para evaluar si realmente se acerca a la realidad, porque es difícil ocultarla y hoy en México la impunidad es del 96 por ciento. Además, dijo, el Congreso tendría que crear un mecanismo de seguimiento a estos reportes.

Sugirió que la Comisión de Justicia discuta la situación de las mujeres en el marco del crimen organizado. Comentó que la propuesta de indulto para mujeres privadas de libertad es muchísimo más eficiente que la amnistía. Resaltó que la CEDAW recomienda que se legisle el feminicidio, no que se haga un nuevo tipo penal.

Asegurar la publicación de resoluciones

La abogada feminista, Andrea Medina Rosas, reconoció que, aunque ha habido avances en el acceso de las mujeres a la justicia, aún no se hacen investigaciones acordes con los estándares de derechos humanos.

Puntualizó que la CEDAW propone reformar la Ley General de Acceso a la Información, a fin de asegurar la publicación de las resoluciones de los tribunales y que las víctimas tengan acceso a los espacios de justicia. “Se tienen que tomar medidas para implementar protocolos que aseguren la rendición de cuentas de todos los operadores de justicia”.

Resaltó que todavía existen barreras para que las mujeres accedan a la justicia en cualquier ámbito; hay estereotipos discriminatorios que limitan el conocimiento de sus derechos entre el personal judicial, policías, defensorías y litigantes.

Medina Rosas expresó que es importante saber qué han hecho las áreas judiciales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el presupuesto que el Legislativo les asignó, cuánto se ha ejercido, en qué y cuáles resultados han tenido. Para ello, agregó, es necesario que desde el Legislativo se diseñe un sistema de indicadores que evalúe la capacitación y haga posible monitorear la operación del personal.

Afirmó que el crimen organizado tiene una fuente central en la explotación sexual de mujeres y trata de personas. Por ello, el Legislativo tiene que seguir reivindicando que la prostitución no es un trabajo. Otro punto en el que se debe poner atención, añadió, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que tiene una política externa feminista, pero las mujeres que enfrentan situaciones de violencia en el extranjero no son respaldadas.