Por: Redacción/
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Napoleón Gómez Urrutia, hizo un llamado para erradicar el trabajo infantil en el país e impulsar políticas públicas para que los niños, niñas y adolescentes tengan mejores condiciones de vida y no se vean obligados a abandonar las aulas de clase ni verse en la necesidad de laborar para sobrevivir.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que este año se centra en el impacto económico y laboral de la pandemia, señaló que de acuerdo a las cifras del INEGI a nivel nacional 3.2 millones de niños y adolescentes, de entre 5 a 17 años, desempeñan alguna actividad remunerativa, aunque lamentó que en la mayoría de los casos enfrentan explotación y obtienen paupérrimos ingresos.
Puntualizó que el 58.2 por ciento se ubican en trabajo no permitido, 36.6 por ciento en quehaceres domésticos, pero sostuvo que el trabajo forzoso y obligatorio en este sector poblacional constituye una de las graves expresiones de violencia y discriminación, e imposibilita a plenitud sus derechos, colocándolos en situación de riesgo y los expone a afectaciones severas de salud.
El senador de Morena refirió que este es un problema que se presenta en todo el mundo, en el que se estima hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil y de éstos casi el 50 por ciento realizan labores peligrosas. Esta práctica representa una violación al derecho internacional y a las legislaciones nacionales, acotó.
Recordó que en México en el 2015 se reformó al artículo 123 Constitucional que elevó la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 15 años, para que los infantes concluyan la educación básica, contribuyendo al desarrollo físico y mental de la niñez.
También nuestro país ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual los países firmantes se comprometen a erradicar el trabajo de las niñas y niños, abundó.
Gómez Urrutia subrayó que el trabajo infantil debe ser una de las prioridades del gobierno, ya que vulnera los derechos de la infancia, genera desigualdad y baja escolaridad, entre otras cosas, por lo que consideró se deben impulsar las políticas públicas necesarias para cumplir con este objetivo, y ofreció su compromiso de trabajar desde el Legislativo en esta tarea.
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