Por: Patricia Ramírez 

Las torturas, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, ataques a la libertad de expresión, indebida atención médica y ejecuciones arbitrarias debido a la impunidad y la falta de capacitación de servidores públicos, hicieron que 2016 no fuera un buen año para los derechos humanos, informó Luis Raúl González Pérez, Ombudsman Nacional, en el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En el Informe se explica que los derechos violentados se presentan principalmente en sectores vulnerables de la población —migrantes, pueblos indígenas— y en cuestiones vinculadas al medio ambiente que afectan el nivel de vida en el país. Además, añadió que el trato cruel e inhumano son situaciones que se atribuyen a la Policía Federal.

“En los casos vinculados a esas conductas no puede haber olvido ni permitirse el silencio. Es preciso que todas las autoridades asuman que la esencia del poder es servir y no servirse de él, hacer y no decir que se hace, gobernar con integridad, con responsabilidad, conciencia y un profundo sentido de solidaridad y compromiso con nuestro país, su sociedad y sus mejores causas e intereses.”, dijo González Pérez.

Algunas de las medidas propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son la debida capacitación de policías, la efectiva y real autonomía del Ministerio Público, el combate al tráfico de armas y el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia para lograr un “cambio ético en la vida institucional y pública” ya que el trabajo de las Fuerzas Armadas no es deseable en este tipo de tareas.

Además, el Ombudsman Nacional reiteró que el apoyo a connacionales en Estados Unidos debe verse reflejado por medio de las políticas migratorias y afirmó que atenderá los problemas de las personas de nacionalidades diversas que cruzan el país con dirección al país vecino y no pueden ingresar.

De acuerdo con la CNDH, el año pasado se emitieron 72 recomendaciones dirigidas a 55 autoridades, es decir, un 20% más que lo registrado en 2015 y las principales denunciadas son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.