• El Centro Miguel Agustín Pro dio a conocer que las autoridades mexicanas han desacatado las medidas de reparación impuestas por la CoIDH. En dos años, plazo para cumplir con las medidas, solo han sido cumplidos dos de los nueve ordenamientos.

Por: Oscar Nogueda/

A 15 años de las violaciones de derechos humanos cometidas en los operativos en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, así como de la resolución a favor de las víctimas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), las autoridades mexicanas no han logrado ninguna sentencia condenatoria en este caso.

“Si bien el Estado mexicano inicialmente expresó su compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en su sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, notificada en diciembre de 2018, las mujeres sobrevivientes han expresado su más profunda preocupación ante el estado de incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano”, mencionó el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez.

En ese sentido, los defensores indicaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha remitido la investigación contra policías estatales a la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual contraviene con la resolución de  la CoIDH, fragmenta las pesquisas y obstaculiza la investigación de la cadena de mando.

Al mismo tiempo, dieron a conocer que las autoridades mexicanas han desacatado las medidas de reparación impuestas por la Corte Internacional. En dos años, plazo para cumplir con las medidas, solo han sido cumplidos dos de los nueve ordenamientos.

Sobre el Mecanismo de  Seguimientos de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), los representantes del Centro de Derechos Humanos subrayaron que las acciones de este mecanismo se detuvieron a partir der octubre del 2019.

“A la fecha no existe una ruta institucionalizada para su funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el Diagnóstico Nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. Esto es particularmente relevante ya que las organizaciones continuamos documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión”, puntualizó el Centro Miguel Agustín.

Asimismo, comentaron que el Estado mexicano no ha comunicado al tribunal internacional su decisión de no implementar el Observatorio Independiente de Monitoreo del Uso de la Fuerza y Rendición de Cuentas de las fuerzas policiales federales y estatales. De acuerdo a las autoridades mexicanas, los órganos de control interno de estas instituciones cumplen con ese propósito, sin embrago, el Observatorio independiente tiene el objetivo de llevar a cabo una vigilancia externa con participación ciudadana.

“El desacato del Estado mexicano ante las obligaciones internacionales impuestas por el fallo interamericano se agrava a luz de la preponderancia de la Guardia Nacional, institución policial federal de carácter militarizado y de los incidentes de abuso de la fuerza documentados en contextos recientes de protestas de mujeres en Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y otros operativos”, manifestó el Centro Miguel Agustín.

Igualmente, las medidas de reparación individual  han sufrido retrasos e incumplimientos debido a la falta de coordinación interinstitucional y faltas en el seguimiento administrativo en la atención a víctimas por parte del gobierno mexicano.

Por último, el Centro de Derechos Humanos sentenció que la falta de cumplimiento de la resolución de la CoIDH ha impedido la aplicación de una política integral para atender la tortura sexual contra mujeres y  acabar con la impunidad en las violaciones a los derechos humanos.