Por: Redacción

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como enlace operativo del ejecutivo federal, en coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, impulsan las acciones para consolidar el Sistema de Justicia Penal, esto a partir del 15 de octubre de 2016.

En la primera reunión de Secretarios Ejecutivos, Órganos Implementadores y Red Nacional de Voceros, la cual se llevó a cabo en el paso mes de diciembre de 2016, se definieron las 10 acciones para el fortalecimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Derivado del fortalecimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal se han diseñado y emprendido con diversas instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, con organizaciones de la sociedad civil y académicos expertos, estas acciones que tendrán como objetivo dar un adecuado seguimiento y robustecer el Sistema de Justicia Penal en nuestro México.

1.- Mejorar el formato de Informe Policial Homologado (IPH).

La policía es el primer contacto del ciudadano con la justicia. Su actuación como primer respondiente queda plasmada en un informe policial donde refleja todo lo que vio y realizó en el lugar de los hechos, con esta acción se pretende que el IPH quede fortalecido, para su adecuada aplicación.

2.- Consolidar las Unidades de Atención Temprana y los Órganos Especializados de MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias) de las procuradurías y fiscalías del país.

Utilizar los mecanismos alternativos de solución de controversia. El Ministerio Público quien es el encargado de ofrecer a las partes a través de los facilitadores la resolución de conflictos mediante la mediación, evitando así que estas lleguen a juicio, reparando el daño a la víctima obteniendo una justicia pronta y expedita.

3.- Establecer el Modelo Homologado Nacional de Policía en funciones de Seguridad Procesal.

Se establecieron reglas de actuación para la Policía Procesal, la cual es la encargada de la custodia, traslado, protección del probable responsable y la evidencia, así como, de la seguridad en las salas de audiencia de juicio oral.

4.- Implementar un Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

Para evitar el uso indiscriminado de la prisión preventiva, se desarrollaron una serie de lineamientos para que las Unidades Estatales de Medidas Cautelares actúen de igual manera en todo el país, a fin de que los jueces cuenten con información veraz y confiable que les permita determinar si una persona imputada de un delito puede seguir el proceso penal en libertad, sujeta a alguna medida cautelar o si, por el contrario, quedará en prisión preventiva.

5.- Instrumentar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes mediante las acciones coordinadas del Grupo de Trabajo Interinstitucional.

Como resultado de la promulgación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en junio del 2016 y por instrucción del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se instaló un Grupo de Trabajo Interinstitucional formado por diversas dependencias federales, con el objetivo de desarrollar la estrategia de implementación conjunta en la materia.

Dentro de las acciones planteadas, se impulsará la armonización normativa en todo el país. Para tal efecto, se generarán protocolos de actuación y capacitación especializada para policías, peritos y agentes del Ministerio Público que tengan participación en caso de conflicto de adolescentes con la ley penal.

6.- Promover el Modelo de Justicia Terapéutica a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Se identifica que existen una gran cantidad de delitos relacionados con consumo de drogas. Por lo cual se determinó contar e impulsar un modelo que permita a las personas que han cometido ciertos delitos por primera ocasión, someterse a una rehabilitación en lugar de ir a la cárcel, para ello se firmarán convenios con Asociaciones Civiles que trabajen en forma coordinada, para coadyuvar en la rehabilitación. Se impulsará la creación de un modelo nacional que pueda operar en todas las Entidades Federativas.

7.- Fortalecer en las entidades federativas la figura de los asesores jurídicos de víctimas.

Para la consolidación, ya se trabaja en el modelo de la capacitación de los Asesores Jurídicos con programas integrales cumpliendo 360 horas aula, dando así la protección integral y continua a la víctima, objetivo principal en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

8.- Impulsar el Programa de Actualización y Profesionalización en materia del Sistema de Justicia Penal para Policías, Peritos, Agentes del Ministerio Público, Facilitadores y personal del Sistema Penitenciario.

Para impulsar la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se diseñó un programa de actualización y profesionalización para agentes del Ministerio Público, policías, peritos, personal del Sistema Penitenciario y facilitadores, lo anterior con el propósito de tener mayores herramientas para los intervinientes en el sistema.

9.- Operar un sistema de base de datos e indicadores que permita evaluar el desempeño de los operadores de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario en el Sistema de Justicia Penal para detectar brechas y estandarizar la operación.

No podemos mejorar lo que no podemos medir. Por lo que vamos a recabar datos e información sobre cómo trabajan los operadores del Sistema de Justicia Penal y los resultados que da su actuación, a fin de realizar las mejoras que se requieran.

10.- Impulsar un programa de gestión, reorganización institucional que permita dar cumplimiento al cierre del sistema tradicional de justicia, a los acuerdos que consolidan el Sistema de Justicia Penal.

Se facilitará a las instituciones con herramientas necesarias, para que se utilicen de manera eficiente los recursos materiales, con el personal que se cuenta, generando mejores resultados tanto en seguridad pública como en procuración de justicia.