• Encinas enfatizó que no se trata de la inauguración de un albergue, sino que es un acto de justicia y reivindicación para Inés Fernández Ortega y para la comunidad indígena de Me’phaa.

Por: Redacción/

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, resaltó que, con la apertura del centro para las mujeres en la comunidad indígena Me’phaa de Barranca de Tecoani, en el municipio Ayutla de los Libres, Guerrero, se da paso a un acto de justicia para Inés Fernández Ortega, integrante de dicho pueblo, que 19 años atrás fue agredida sexualmente frente a sus cuatro hijos, por 11 militares que entraron violentamente al lugar donde vivía.

Ese lamentable hecho –dijo– se da en un contexto social de alta marginación económica, social y de género, aunado a una histórica persecución política de los movimientos sociales, reforzada por la llamada guerra contra el narcotráfico que intensificó las violaciones de derechos humanos en el estado que, dentro de sus más dolorosas expresiones, tiene el aumento de la violencia de género.

Enfatizó que no se trata de la inauguración de un albergue, sino que es un acto de justicia y reivindicación para Inés Fernández Ortega y para la comunidad indígena de Me’phaa por su larga lucha para que los hechos no quedarán impunes.

Al encabezar el acto de inauguración de dicho espacio, Alejandro Encinas Rodríguez precisó que en 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró culpable al Estado mexicano por la falta de investigación y sanción de los responsables, y emitió una sentencia histórica en materia de violencia de género e interculturalidad.

“Una sentencia histórica que reconoce la violencia sexual como un arma de poder y de sumisión, en contextos de violencia social y política, que no solo trastoca la vida de la persona sometida, sino que afecta a toda la comunidad; por lo que es la primera vez, en este país, que la corte ordena una reparación colectiva en favor de la comunidad Me’phaa, de sus mujeres y niñas”, recalcó.

Sumado a este gran logro –añadió–, el caso de Inés, junto al de Rosendo Radilla Pacheco, impulsaron importantes reformas en el Código de Justicia Militar, como la modificación al artículo 57 para limitar la jurisdicción militar y que todo delito cometido en contra de civiles, sea juzgada por el fuero civil.

“Tuvieron que pasar 11 años hasta que en nuestro país inició un cambio de régimen y que el gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo; el Concejo Municipal de Ayutla; la compañera Inés y su familia, y las organizaciones acompañantes como CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, por sus siglas en inglés) y Tlachinollan, retomaran los trabajos para cumplir con este compromiso de justicia y con ello, buscar garantizar la no repetición de los hechos”.

“Hoy –continuó– se abren las puertas de esta casa de los saberes, de este centro comunitario y albergue para niñas y niños de Ayutla de los Libres, Guerrero, que tiene como finalidad prevenir y atender las distintas violencias que enfrentan las mujeres, niñas y niños, a través de orientación psicológica, médica y legal, para garantizar que nadie más viva lo que a Inés le sucedió”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración agradeció el compromiso con este proyecto a grupo Coppel que realizó un donativo en especie para contribuir a la habilitación del centro comunitario, en beneficio de la comunidad y a las mujeres guerrerenses.

En su intervención, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, resaltó que ninguna sentencia resarcirá el daño en contra de Inés Fernández Ortega, pero el centro comunitario que hoy abre sus puertas, permitirá que mujeres tengan a donde llegar en situación de emergencia, así como garantizar techo y educación a niñas y niños de este municipio.

Adelantó que el centro será administrado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y por el equipo de Inés, que consta de dos abogadas, una psicóloga, una enfermera, una doctora y una trabajadora social originarias de la zona.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hérnandez, agradeció y festejó el compromiso de las y los presentes para que esta acción resplandezca en la vida comunitaria, “reparar comunitariamente los daños ocasionados por el ejército a las comunidades indígenas en Ayutla, es un hecho histórico en Guerrero”.

En su oportunidad, Inés Fernández Ortega indicó que ya existe un consejo de mujeres con quienes trabajará en el centro comunitario para evitar que niñas y niños sufran por lo que pasaron sus hijos y, sobre todo, que otras mujeres indígenas vivan por lo que ella pasó. Bajo este contexto, reiteró que este espacio será un lugar donde puedan ser escuchadas y atendidas.