Redacción

Es necesario ponderar los derechos de protección a los datos personales y a la privacidad y el de acceso a la información, aseguró la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Patricia Kurczyn Villalobos.

Al participar en la Semana Nacional de Evaluación en México 2016 en la mesa de diálogo El valor de la protección de datos personales: prospectivas y retos en la implementación de un sistema de evaluación, dijo que se debe ponderar hasta dónde llegan los límites de acceder a la información y poder hacerla pública y hasta dónde está la privacidad de las personas.

“Reconocer que se conjuntan varios derechos como lo es la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a saber, el derecho a conocer, la rendición de cuentas, y luego la esfera de la privacidad”, agregó.

En la mesa Construyendo un marco de evaluación de resultados para el Sistema Nacional de Transparencia, el comisionado del INAI Oscar Guerra Ford dijo que la Plataforma Nacional de Transparencia está diseñada para generar información y evaluar el desempeño y capacidades de instituciones integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, sujetos obligados, órganos garantes y ciudadanos.

“Es la Plataforma un instrumento que sí permite generar información para los mecanismos de evaluación que se dé en el Sistema Nacional de Transparencia, que se dé en los órganos garantes y que se dé en la sociedad, porque si no hay información no hay mecanismos de evaluación, y si no hay evaluación las cosas no se pueden mejorar”, afirmó.

En estas mesas de diálogo que organizó el INAI junto con la Academia Nacional de Evaluadores de México (Aceval) con motivo de la Semana Nacional de Evaluación en México 2016, participaron expertos en la materia y académicos.

En la Mesa El valor de la protección de datos personales: prospectivas y retos en la implementación de un sistema de evaluación, Isabel Davara Fernández de Marcos, académica del ITAM, aseguró que la legislación en materia de datos personales es la adecuada y que el reto para el INAI y los tribunales es su implementación.

Horacio Reyes Fernández, del Instituto Nacional del Emprendedor, dijo que esta dependencia desarrolla un sistema de evaluación homogéneo, justo, transparente y sin influencias, para que contribuya a generar mejores políticas públicas.

En tanto, Edgar Vilma Orozco, del INEGI, dijo que este Instituto está llevando a cabo un censo para conocer los hábitos de la población sobre el uso de la información y si identifica su derecho de acceso a la información y a la protección de sus datos personales, cuyos resultados estarán a fin de año.

Por otra parte, en la mesa Construyendo un marco de evaluación de resultados para el Sistema Nacional de Transparencia, Ronny Muñoz Calvo, de la Agencia Internacional para la Evaluación, afirmó que la información es indispensable para la evaluación de las políticas públicas, lo cual es relevante en términos de legitimidad de las autoridades, gobernanza y generar bienestar para la sociedad.

En su participación, Alejandra Ríos Cazares, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que se debe tener paciencia con la evaluación que se haga a la Plataforma Nacional de Transparencia, porque tiene metas ambiciosas que son de años y por ahora las valoraciones deben ser respecto a los avances en el cumplimiento de sus objetivos.

La mesa El valor de la protección de datos personales: prospectivas y retos en la implementación de un sistema de evaluación fue moderada por Carmen Quijano, del Centro de Estudios Fiscales y Legislativos del ITAM; y la mesa Construyendo un marco de evaluación de resultados para el Sistema Nacional de Transparencia por Janet Salvador Martínez, presidenta de (Aceval).

Posteriormente, en el Conversatorio, Myriam Cardozo Brum, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, impartió la conferencia Institucionalidad, calidad y utilización de las evaluaciones y destacó la importancia de que los evaluadores tengan total independencia para opinar y valorar sobre cualquier programa a evaluar.

Advirtió que en el modelo mexicano hay un sesgo importante porque quien paga la evaluación es el propio órgano evaluado y ello provoca que, en muchos casos, los evaluadores sean presionados para entregar un buen informe.

En el panel La promoción de un mercado competitivo y profesional de servicios de evaluación, institucionalización y utilización de las evaluaciones, moderado por Alicia López Villamar del INAI, participó Jacqueline Meza Urías, del ACEVAL, quien dijo que la institucionalización de la evaluación ha permitido contar con un marco normativo robusto, con reglas claras y precisas, para evaluar a las dependencias y entidades federales; de 2007 a 2013, se han llevado a cabo 2 mil 800 evaluaciones a los programas presupuestales.