• Aquella noche del viernes, el ruido del estallido se escuchó a una larga distancia, las llamas alcanzaron una altura de más de seis metros y en el cielo una gran nube de humo se esparció alrededor de los cadáveres calcinados.

Por: Nilda Olvera/

Caía la tarde cuando los rumores de una fuga de gasolina llegaron a los oídos de los pobladores de Tlahuelilpan, que partieron al lugar para comprobar si sus sospechas eran verdaderas, no sin antes llevar envases que servirían para recolectar un poco del líquido.

Al llegar, el olor era tan penetrante que se respiraba con dificultad, aún así cientos de curiosos rodearon la fuente que sobresalía del campo para ver tal escenario de decenas de personas que con cubetas, garrafones y botellas que se amontonaban y empujaban para obtener una ganancia y si tenían suerte regresaban a rellenar más de tres veces, mientras familiares o amigos los esperaban a unos cuantos metros de distancia para llevarse a sus coches u hogares el combustible obtenido.

El aviso se dio de inmediato a las autoridades, quienes al llegar al ducto Tuxpan-Tula en el municipio de Hidalgo trataron sin éxito de resguardar y evacuar el sitio al que seguían apareciendo gente que iba hasta con sandalias y que se negaban a irse. Fueron pocos los que se alejaron o tomaron una posición más segura para seguir viendo lo que sucedía, había un riesgo inminente que en cualquier momento podía convertirse en una tragedia de la que únicamente unos cuantos no ignoraban.

Y que el 18 de enero del 2019, ocho minutos antes de las siete de la noche se manifestó al darse una explosión que alcanzó a decenas de víctimas que murieron incineradas en un periodo en el que el gobierno estaba luchando contra el huachicol.

Hidalgo es uno de los seis estados que con Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Estado de México sufren del huachicoleo, que consiste en el robo y venta ilegal del combustible. Lo que genera pérdidas significativas en las cifras de ganancias de Petróleos Mexicanos (Pemex), principal empresa dedicada a la producción y comercialización de hidrocarburos.

Esta actividad que se ha combatido, se lleva ejerciendo décadas por los diversos grupos criminales como “Los Zetas”, “Cartel de Santa Rosa de Lima” y “Cártel Jalisco Nueva Generación” que extraen la gasolina en tomas clandestinas y calientes, última que hace referencia a las perforaciones de los ductos. Para después ser vendida en varios puntos de Estados Unidos y Centroamérica, así como a la población, ofreciendo el producto a la mitad de lo que pagarían en una gasolinera.

En diciembre del 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la estrategia para combatir el robo del combustible en el país, que consistió en cerrar las cuatro válvulas más vulnerables por la delincuencia y que pertenecen a los 13 oleoductos de Pemex.

La decisión causó desabasto en el suministro de los distintos puntos de Michoacán, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas. En cuyas gasolineras los usuarios se formaron horas en largas filas que parecían no tener fin, en donde se desató la inconformidad y enojo de las personas por las medidas del mandatario.

Aquella noche del viernes, el ruido del estallido se escuchó a una larga distancia, las llamas alcanzaron una altura de más de seis metros y en el cielo una gran nube de humo se esparció alrededor de los cadáveres calcinados y heridos de quemaduras de tercer grado que estaban dispersos, a la vez de víctimas envueltas de fuego que corrían por la desesperación del dolor a cualquiera que les ayudará a detener la agonía. En total de las 800 personas que se encontraban, 114 perdieron la vida y más de 40 resultaron lastimados.

De acuerdo a las declaraciones de Pemex el ducto era una toma clandestina, de la que no se ha podido esclarecer cuál fue el detonador que provocó tremenda explosión, por lo que evitar otro accidente se selló al día siguiente.

Al paso del tiempo, la ira de las personas creció hacia AMLO, por la ineficiente forma de controlar a la multitud de víctimas que no se marcharon de la zona de peligro. Y en que las autoridades alegaron que debido al número que asistieron fue inevitable poner un orden debido a que la turba se comportaba muy agresiva.

Aunque el gobierno declaró que se iba a realizar una investigación sobre los hechos, no se ha dado a conocer avances de lo prometido a los afectados, que aún conservan secuelas y tristeza por lo sucedido hace tres años.