Por: Redacción

Organizaciones ciudadanas presentaron ante senadores de la República, una propuesta de Ley General de Cultura que busca regular y coordinar a las autoridades federales, estales y municipales para la conservación del patrimonio cultural, y a su vez, impulsarla como un instrumento de paz y armonía social.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, expresó su compromiso para impulsar la propuesta del proyecto de decreto para que sea aprobada “tal y como está”. Pues proviene de trabajadores, especialistas y expertos en la materia.

Resaltó la importancia de la iniciativa, ya que complementará la aprobación de la reforma de abril de 2009, que eleva a rango constitucional el derecho al acceso a la cultura, y la creación de la Secretaría del ramo, en diciembre de 2015.

La cultura, dijo, es parte importante para del ser humano porque está inscrita en la forma de pensar, en la forma de ser, de expresión, la forma en como vemos la vida, pero también en cómo la transformamos.

El senador del Grupo Parlamentario del PAN, José de Jesús Santana García, dijo que a partir de este proyecto se impulsará la cultura en los estados, por lo que expresó su compromiso para impulsarla, y que pueda ser enriquecida y aprobada en el Senado.

A su vez, el senador Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Comisión de Cultura, dijo que esta es la herramienta más eficaz con que cuenta el Estado para crear ciudadanía, conciencia e identidad.

“En un país incendiado, tan lleno de dolores como es nuestra patria es muy necesaria la cultura. La cultura es un mecanismo muy eficaz para la pacificación, tolerancia y entendimiento”, dijo.

Arturo Saucedo, coordinador y redactor del proyecto de decreto, expuso que la propuesta no contempla impacto presupuestal, define la política cultural del país, y abona en la consolidación de una sociedad abierta y en proceso de democratización.

La iniciativa establece el ejercicio de la obligatoriedad de las autoridades para respetar el derecho de acceso a la cultura, libertad creativa, contenido de las edificaciones culturales y la imposibilidad de que ningún gobierno modifique, mutile o transforme las obras, señaló.

Ésta plantea las bases de los niveles de participación y concurrencia entre estados, municipios y Federación, a fin de eliminar el centralismo, la forma en que habrán de integrarse para generar políticas culturales, además, prevé mecanismos de participación del sector social y privado.

Señaló que la reforma aprobada en 2009, y la Ley General de Cultura, serán las piedras angulares para desarrollar una arquitectura precisa del marco jurídico normativo del sector.

Por su parte, Antonio Cabrera, doctor en derecho y redactor, destacó que México ocupa el primer lugar en América Latina en tener ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, con 10 reconocidas por la UNESCO y aporta al país el siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En tanto, Diego Guerrero, Enlace Legislativo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que el gran reto es la regulación de la materia, además de la transición hacia una mayor participación de la sociedad, pues son las personas las que van creando la cultura y quienes marcan el rumbo del sector y no los órganos del Estado.