Por. Javier Divany Bárcenas

La vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sara Oviedo Fierro, afirmó que en México no hay una normativa ni un procedimiento que regule la asistencia y presencia de niños en espectáculos públicos, como la tauromaquia, por lo que es necesario legislar al respecto.

Durante el conversatorio con diputados y senadores integrantes de diversas comisiones legislativas de ambas Cámaras del Congreso, Sara Oviedo indicó que aunque el país atraviesa una situación muy positiva en relación con la niñez y adolescencia, debe asumir el análisis del tema de la violencia, los niños y la tauromaquia.

Expresó la preocupación del Comité por el bienestar mental y físico de los menores involucrados en el entrenamiento para corridas de toros, y de los espectadores infantiles expuestos a la violencia en esos eventos. Por ello, se emitió una observación para que el Estado mexicano prohíba la participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros, como una de las peores formas de trabajo infantil.

La Convención de los Derechos del Niño, de la ONU, tiene una postura respecto a la empresa privada y los menores, y como el espectáculo de los toros es un negocio con intereses, se puede pedir responsabilidades, en relación con la presencia de las niñas y niños, a los empresarios que mantienen este negocio.

“No solamente es responsabilidad de los Estados en sus órdenes de gobierno, sino de la empresa privada y, obviamente de las familias, que deben asumir lo que hacen en la formación de sus hijos y cómo, desde la práctica diaria, desde la cotidianidad se rompen las esferas de violencia que desgraciadamente tienen nuestras sociedades”, puntualizó.

El presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputado Jesús Valencia Guzmán (PRD), manifestó que el encuentro con Oviedo Fierro “debe servir para que cada quien, en el ámbito de sus responsabilidades, realicemos tareas puntuales, pues es un tema en el que todos estamos por el bien de las niñas, niños y adolescentes”.

Afirmó que corresponde a esta Legislatura trabajar en coordinación con los Congresos locales a fin de trabajar lo que está pendiente, para poner en marcha el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

“Hay un hueco muy grande para dar cumplimiento a una ley de las más grandes que se han hecho en materia de niñas, niños y adolescentes”.

A pesar de que son temas que ya contempla el marco jurídico, subrayó, la Cámara de Diputados debe trabajar en los problemas de explotación laboral infantil, violencia por Internet y redes sociales, así como embarazo adolescente. “Estamos pasando una crisis en donde niñas de 11, 12 y 13 años se están embarazando; perdemos vidas, tanto del recién nacido como la de la madre”.

El diputado Armando Luna Canales (PRI), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que se ha impulsado una iniciativa para prohibir que menores asistan a corridas de toros, que sean adiestrados como toreros y que desarrollen esto como una actividad laboral, y propuso incorporarla en un apartado de la Ley General para defender los derechos de los menores de edad en México, como una de las peores formas de trabajo infantil.

“Están dispersos en ordenamientos internacionales, en la Ley del Trabajo y en alguna otra legislación y creímos prudente también hacer un capítulo específico, en el cual se incorpora, por supuesto, la práctica de la tauromaquia”.

Añadió que incorporar ordenamientos y recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos a la legislación nacional, “tiene que convertirse en una tarea diaria, no sólo de la Comisión de Derechos Humanos o la de la Niñez, sino de todas las comisiones, de todas las áreas de trabajo”.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (MC) señaló que existen municipios en México que destinan recursos públicos a espectáculos taurinos, pues sin esas subvenciones “la fiesta brava no sobreviviría”.

“Un Estado que no tiene dinero para superar los problemas de equidad en el sistema educativo, no puede destinar recursos públicos a la tauromaquia”, consideró.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) comentó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que pone en el centro el interés superior de la niñez, es de los ordenamientos jurídicos más importantes de los últimos años; sin embargo, como se refiere en las observaciones del Comité, faltan piezas pequeñas a esa maquinaria legal.

Agregó que una pieza importante es la obligatoriedad para que los municipios se incluyan en el Sistema Nacional de Información, ya que cuando funcione territorialmente, habrá un acercamiento inmediato de dónde se concentra cada problemática que padece la niñez.

Otro faltante importante, añadió, es el tema de la atención temprana, que está en la ley, pero carece de instrumentos para identificar a dónde destinar mayor presupuesto.

La senadora Martha Elena García Gómez (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, aseguró que todos estamos, legisladores y funcionarios, obligados a trabajar por nuestras niñas, niños y adolescentes.

Informó que en México aún existen regiones en donde hay altos índices de problemas en la niñez. “Queremos niñas, no madres, y así como está la violencia y la adicción, nos toca a todos los legisladores tomar este tema”.

La senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la colegisladora, precisó que el 27 por ciento de las niñas que se embarazan antes de los 15 años, tienen un segundo hijo antes de cumplir 18. Consideró que los embarazos de adolescentes son reflejo del delito de violación ya que, explicó, “no es posible entender de otra manera el aceptar retos que cambian la vida de las niñas”.

“En la ley general estamos prohibiendo el matrimonio antes de los 18 años de edad, y pugnamos para que los congresos locales, modifiquen sus códigos civiles, para que se garantice la prohibición y se elimine el matrimonio de menores de edad”, sostuvo,

El senador Juan Carlos Romero Hicks (PAN), presidente de la Comisión de Educación, aclaró que la ley señala que los menores son personas titulares de derechos, atiende aspectos de protección y de promoción de un enfoque integral y transversal, con una perspectiva de derechos humanos. “Tienen derecho a ser escuchadas para aspectos culturales, éticos, educativos y de salud”.

“Antes del mes de diciembre del año antepasado, México era el único país latinoamericano que no tenía una Ley General de Niñez y Adolescencia, la cual se procesó por una iniciativa preferente que turnó el Ejecutivo en ese año”; se modificó más del 90 por ciento de la iniciativa y tuvo el acompañamiento de organismos de la ONU.

Enseguida, la diputada local de Guanajuato, Beatriz Manrique Guevara (PVEM), resaltó el trabajo realizado por los legisladores federales respecto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que los menores vivan en un entorno libre de violencia; sin embargo, se debe realizar una revisión en su homologación estatal.

Agregó que la ley se ha diluido al momento de implementarse, pues pierde el concepto fundamental del derecho superior de la niñez y no protege a menores migrantes y jornaleros, “lo que causa que sean invisibles y que, en consecuencia, no posean derechos”.

Enseguida, Federico Vázquez Calero, director general adjunto de Asuntos Internacionales, Gobernabilidad y Asuntos Estratégicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, reconoció que aún existe un desafío muy grande, pues si bien hubo avances “han surgido notas preocupantes acerca de la violencia”.

Dijo que otro desafío es la implementación del sistema a nivel local y municipal, por lo que se debe exhortar a estados y congresos locales. Informó que hoy se instaló el sistema de protección en San Luis Potosí, octavo estado en hacerlo, y para mañana se espera que haga lo mismo el estado de Zacatecas.

La directora general de Protección a la Infancia del DIF, Elba Cárdenas Miranda, declaró que está pendiente instalar más de dos mil sistemas de protección infantil municipales, así como las procuradurías municipales de protección al menor, aunque a nivel estatal ya casi se ha completado este ejercicio.

“Para este año estamos con un estudio-diagnóstico sobre la violencia en México, que es un trabajo muy importante para contar con datos cercanos a la realidad de qué es lo que está pasando con nuestras niñas y niños y qué situaciones laceran su desarrollo”, expuso.

En su oportunidad, la delegada de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), Gabriela Cruz Ares, dijo que los fenómenos violentos ocasionan problemas de salud mental y físico a los infantes y aumenta la posibilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático.

De acuerdo con estudios científicos, dijo, los niños expuestos a la violencia se vuelven más agresivos y las niñas más depresivas, y tienen más probabilidad de quedar atrapados en los ciclos de violencia. Es importante implementar políticas públicas que garanticen su protección física y mental.