Por: Redacción/

La Cámara de Diputados aprobó reformas el artículo 51 la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de establecer sanción de cinco a doce años de prisión y de tres a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien se apodere de un monumento histórico, artístico o mueble arqueológico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley.

El dictamen, enviado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, fue aprobado por 451 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena, Sergio Mayer Bretón, argumentó que entre 2003 y 2016 se denunciaron 4 mil 757 robos de piezas arqueológicas, históricas y artísticas, de los que sólo se han recuperado 67.

Asimismo, destacó que, de acuerdo con el Episcopado Mexicano, existen 19 mil templos que en su mayoría resguardan el arte sacro y que tan sólo entre 2001 y 2010 se sabe que fueron robadas más de 400 obras correspondientes a la época virreinal, las cuales pudieron alcanzar precios entre 35 mil a 150 mil dólares.

Ante ello, el legislador manifestó que es necesario realizar un ajuste a las sanciones previamente establecidas en el artículo 51 de la ley reformada, a fin de elevar las sanciones y combatir con ello el robo de arte en el país.

Durante la discusión, la diputada Laura Mónica Guerra Navarro (Morena) resaltó que la reforma trata de fomentar la salvaguarda del patrimonio cultural y combatir la sustracción ilegal de bienes arqueológicos, históricos o artísticos, ajustando de manera pertinente las sanciones para quienes lleven a cabo este delito.

“El dictamen aporta herramientas legales a la lucha contra el tráfico de estos bienes que forman parte inherente de México, los cuales han dado identidad a lo largo del tiempo”.

A su vez, la diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) indicó que con esta aprobación se logrará disuadir, a través de sanciones más severas, el robo de bienes culturales propiedad de las y los mexicanos.

“El incremento de la sanción y de las multas propuestas es proporcional al delito cometido; es decir, es una medida adecuada para castigar e inhibir toda conducta que atente contra el patrimonio nacional”.