Por: Redacción

Este jueves 30 de junio, en la ciudad de Puebla, el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, tomó parte en la primera de nueve audiencias públicas organizadas para la elaboración de una Ley de Cultura en México, como parte de la iniciativa impulsada por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Principios, conceptualización y técnica legislativa para la conformación de una ley cultural para el país fueron ejes temáticos en torno a los cuales giró la sesión llevada a cabo en el Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, donde se reunieron voluntades políticas de la LXIII Legislatura, entre ellos el diputado Santiago Taboada Cortina, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y el senador Javier Lozano Alarcón, secretario de la Comisión de Cultura del Senado de la República.

En su intervención, Vázquez Martín advirtió que la construcción de una nueva Ley de Cultura a nivel nacional no sólo debe fundamentar la creación de las instituciones de cultura; además, debe garantizar los derechos culturales de todos los habitantes en el país. Lo anterior, señaló, viene ligado con el cambio de paradigma al momento de concebir las políticas culturales ya no sólo como el bien de unos cuantos que debe llegar a los menos favorecidos, sino como un bien del que todos son portadores en su diversidad vital.

Con relación a los planteamientos hechos durante la audiencia, el Secretario de Cultura de la Ciudad de México subrayó la compatibilidad de ideas o bien la complementariedad con la que cuentan. Si bien la Constitución de la República ya describe la obligatoriedad de garantizar los derechos culturales, ahora la tarea de los legisladores será plasmar en la ley un catálogo de derechos culturales que garantice su cumplimiento.

Por ejemplo, el derecho a la diversidad cultural de México, la libertad de todo individuo a pertenecer a una de esas diversidades; el derecho al conocimiento, preservación y estudio del patrimonio; el derecho al acceso de bienes y servicios culturales; el derecho a la formación en arte y cultura; el derecho a los espacios públicos como espacios de convivencia; la participación de la ciudadanía en la definición y construcción de las políticas públicas y, no menos importante, considerar el derecho a la libertad de expresión como elemento fundamental para el desarrollo cultural.

“Todos estas políticas tienen un sentido último, que es efectivamente la gobernanza democrática y la inclusión social. Es decir, en la medida que reconocemos nuestra diversidad —tenemos pueblos originarios, culturas indígenas, barrios, improntas culturales europeas, orientales y cada vez más diversas—, que esa diversidad sea garantizada significa un ejercicio importantísimo de democracia y participación”, planteó.

Santiago Taboada, diputado presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, dijo que estas audiencias son el inicio de un camino largo para construir la nueva Ley de Cultura nacional, “un proyecto legislativo consensuado”, que se espera pueda ser aprobada por las dos cámaras antes de que concluya el año.

Para Taboada, dos ejes principales deberán regir la ley: el acceso a servicios y bienes culturales, y la corresponsabilidad entre niveles de gobierno (federación, estados y municipios), para que realmente las políticas sean más trascendentes que los gobiernos.

El secretario de la Comisión de Cultura del Senado, Javier Lozano, externó el compromiso para que el Congreso de la Unión tenga una Ley de Cultura después de la creación de la Secretaría, un primer buen paso hacia adelante para devolver a este sector la importancia que debe tener a nivel nacional, ahora al margen de la Secretaría de Educación Pública.

En su participación, el Dr. Luis Norberto Cacho Pérez, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura federal, asumió que es obligación del Estado proporcionar los medios para el libre desarrollo de cualquier manifestación cultural, y en ese sentido, lo que ordena una nueva ley es establecer las bases sobre las cuales federación, estados y municipios coordinarán acciones en la materia y así garantizar el acceso a los derechos culturales previstos ya en la Constitución.

En la sesión también participaron la diputada Susana Riestra Piña, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla; Jorge Alberto Lozoya Legorreta, secretario Ejecutivo para el Consejo Estatal de la Cultura y las Artes; Rafael Navarro Guerrero, del Instituto Municipal de Cultura, y Flavio Guzmán Sánchez, Vicerrector de Extensión y Difusión de la Benemérita Universidad de Puebla.

Además estuvieron representantes de otros estados, como Mariano Alejandro Pérez, promotor cultural de Veracruz; Jesús Emilio de Leo Blanco, promotor cultural de Oaxaca; Dr. Jorge Sánchez Cordero, notario 153 del Distrito Federal, y Francisco Javier Dorantes Díaz, abogado y académico.

Natalia Núñez Arias, representante del Sistema Nacional de Cultura en Colombia, y Claudia Camila Caramillo, ex ministra de Cultura en Chile, fueron invitadas a compartir su experiencia en los procesos legislativos de estos países latinoamericanos para hacer cumplir los derechos culturales.