• A 23 años, no buscan venganza, solo hablar por aquellas familias que se les privó la vida cuando sólo pedían paz en un país que ya ardía en llamas, este evento es considerado el más trágico que marcó la salida del siglo XX en México y cuya verdad no se sabe aún.

Por: Nilda Olvera/

En las primeras horas de la mañana, cientos de indígenas tzotziles de distintas edades y sexos se reunieron en ayuno en una ermita de techo de lámina y piso de tierra firme con el propósito de orar por la paz y la justicia. No se tiene conocimiento exacto si la desgracia empezó a las 10:30 u 11:00 am cuando se escucharon los impactos de las balas por parte de un grupo de paramilitares de vestimenta negra y pasamontañas, pero lo cierto es que ésta duró unas siete horas en las que también dispararon a las casas aledañas ubicadas en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.

De inmediato, los pobladores corrieron a los diferentes puntos de la zona montañosa, algunos se reencontraron en el camino y otros se escondieron, nadie fue a su rescate, ni siquiera la policía local que se encontró muy cerca de ellos. La noticia se esparció muy rápidamente a los diferentes puntos del país, lo que más sorprendió fue que se dijo que entre las víctimas había niños a los que le dieron el tiro de gracia.

Se atacaron a miembros de “Las Abejas” un colectivo pacifista conformado por familias que se dedican a la defensa del territorio y los derechos humanos, quienes se declararon neutrales ante el conflicto que se dio tres años atrás entre el Estado y El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los cuales en aquella época ambos trataron de convencer a la comunidad de que se les uniera a su bando.

Dicho suceso tuvo como antecedentes la entrada del grupo EZLN conformado por indígenas tzotziles y tzeltales chol, tojolabal y zoque el 1 de enero de 1994, con la toma de los poblados San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo en Chiapas. Misma fecha en la que entró en vigor el Tratado de  Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual alegaron su desacuerdo con él por no respetaban sus derechos.

Asimismo, manifestaron en la Declaración de la Selva Lacandona su guerra contra el mal gobierno, también exigieron la libertad y democracia para los pueblos indígenas de México. Ante estas actos el gobierno del ex mandatario Carlos Salinas de Gortari, después de 12 días y con 3 mil soldados recuperó el territorio tomado, sin embargo no logró evitar que a finales del 94 los zapatistas se extendieran a unos 38 municipios.

Cuando Salinas fue sucedido por Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) , éste libró una orden de aprehensión sin éxito contra el líder y portavoz de los zapatistas Rafael Sebastián Guillén Vicente, más conocido como el Subcomandante Marcos, en esa época. No obstante, el principal rompimiento del diálogo que se dio entre los dos mandos fue después de que no se llevaran a cabo los convenios firmados en los Acuerdos de San Andrés Larrainza el 16 de febrero de 1996, en el que se le acusó a Zedillo de incumplimiento y éste respondió que el señalamiento era una patraña.

En los acuerdos de San Andrés se solicitaba el reconocimiento de los pueblos en la Constitución, la ampliación de la participación y representación política, la garantización de la justicia, la promoción de las manifestaciones culturales, el aseguramiento de la capacitación de la educación, el impulso de la producción y el empleo, la satisfacción de las necesidades básicas, por mencionar algunos.

Fue hasta que cayó la noche cuando llegaron a la zona nueve unidades de la Cruz Roja para recoger los cuerpos que estaban acumulados en las barrancas, en total habían 45 cadáveres entre ellos 21 mujeres (de las cuales 4 estaban embarazadas), 9 hombres y 15 niños, a la vez habían 26 heridos.

En la madrugada, los uniformados arribaron al lugar donde trataron de eliminar las evidencias y más tarde por medio de un comunicado Zedillo señaló que el cruel y criminal acto iba a tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia. Las versiones de lo que pasó son distintas, el EZLN comentó que alrededor de 60 paramilitares con AK-47 y M-16 acribillaron con balas expansivas a los indígenas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas indicó que un grupo de 90 personas atacaron sin discriminación a menores de edad y adultos que se hallaron desarmados, a pesar de que huyeron al arroyo, a la escuela y a la maleza eventualmente fueron encontrados y asesinados.

Por otro lado la Procuraduría General de la República (PGR) investigó el caso, recopiló 52 casquillos de ocho calibres distintos y 15 armas, sin embargo éstas no presentaron ninguna evidencia de que fueron disparadas.

Asimismo, se acusó que la muerte la ocasionaron en total 9 individuos, entre los que están Roberto Méndez Gutiérrez, Lorenzo Pérez Vázquez, Alfredo Hernández Ruíz, Felipe Luna Pérez, Mariano Luna Ruiz Segundo, indígenas pertenecientes a la comunidad de Los Chorros, que perpetraron el ataque como una venganza por la muerte a tiros de Agustín Vázquez Secum a manos de los zapatistas.

En el instante que se dirigió junto con tres amigos a su cafetal, en las que versiones señalan que debido a que éste simpatizó con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue razón suficiente para ser agredido. No obstante, acorde a lo señalado por el EZLN, se le atacó a Agustín Vázquez porque él planeó asesinar a cualquiera que se cruzara.

Y en la que se comentó que la matanza en Acteal se hizo gracias a la petición del padre de la supuesta víctima Antonio Vázquez Secum, asimismo de la autorización que le otorgó el jefe de Los Chorros, Antonio Santiz López, considerado a la fecha como el actor intelectual de los hechos y que en 2007 fue exonerado de los delitos de homicidio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Todos estos datos se pueden apreciar en el “Libro Blanco sobre Acteal”, sacado el 19 de noviembre de 1998 por la PGR, en el que no sólo se deslindaron de toda responsabilidad, sino que también Ernesto Zedillo se excusó de que se estaba investigando el caso.

Lo cierto es que a la fecha los sobrevivientes de Acteal acusan de ser los responsables de los acontecimientos al ex titular de la Secretaría de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, por sabotear continuamente las negociaciones que se dieron con el EZLN. También a Zedillo por permitir la formación de grupos paramilitares (alianzas de clase que tienen como objetivo el control territorial, que en su mayoría encierra grandes posibilidades económicas) para derrocar el movimiento zapatista.

Hechos mencionados con anterioridad se pueden comprobar con la aprobación del “Plan de Campaña de Chiapas 94” que realizó el antiguo mandatario, manual elaborado por VII región Militar se la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que consiste en un plan de estrategia de ofensiva militar para el control y el desplazamiento de los grupos rebeldes o vinculados con el EZLN.

Lo que generó que la tensión aumentara en el estado del sur, hasta el debido suceso de hace 23 años. Y que conforme a la declaración de Zedillo de que el gobierno nunca iba a optar por la violencia para resolver la situación en Chiapas, se viera contradictorio ante los eventos y que debido a eso las víctimas sigan buscando que se castigue a los responsables que llevaron a cabo el plan.

Fue en el 2007 cuando por fin se hallaron dos armas de cuerno de chivo, tres cargadores y varios cartuchos que se utilizaron para la masacre, luego de que llevaran a uno de los acusados de la cárcel, El Amante, a una cueva cerca de Los Chorros.

Sin embargo, el caso sigue sin dar resultados prometedores, puesto que en el 2009 se liberaron 30 acusados debido a que La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que había irregularidades y en el 2013 se hizo lo mismo con otros 15 puesto que las pruebas que se utilizaron para encarcelarlos eran ilícitas.

En el 2011 como intento para obtener una ayuda económica de 50 millones de dólares el ex presidente Ernesto Zedillo fue demandado en un tribunal Connecticut, de Estados Unidos por los delitos de violación a los derechos humanos y conspiración contra el agravio del 22 de diciembre de 1997, no obstante, para el siguiente año se le concedió inmunidad diplomática, lo que causó que quedara protegido ante cualquier aspecto negativo.

Ante las disculpas públicas del representante ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el pasado mes de septiembre, en el que asumió a nombre del Estado la responsabilidad de éste por los hechos de la matanza, se espera que se cumpla con los acuerdos de entregar compensaciones económicas, becas, apoyos para la vivienda y hospitalaria a 12 supervivientes.

Actualmente, siguen esperando que se realice una investigación no sólo contra los mencionados con anterioridad, sino también contra el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Fierro, los generales Mario Renán Castillo y Enrique Cervantes Aguirre.

A 23 años, no buscan venganza, solo hablar por aquellas familias que se les privó la vida cuando sólo pedían paz en un país que ya ardía en llamas, este evento es considerado el más trágico que marcó la salida del siglo XX en México y cuya verdad no se sabe aún.