Por: Redacción/

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en compras y arrendamientos que realizó la empresa Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y editora de los libros del Fondo de Cultura Económica (FCE), durante el ejercicio fiscal 2017.

De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017, IEPSA adquirió “por excepción”, para el sector salud, siete mil 185 juegos de estimulación y evaluación de desarrollo infantil “a precios no razonables”, consistentes en rompecabezas, pinzas de ropa, juegos de memoria, lotería, libros de tela y plástico, cubos y guantes, entre otros.

Por dichos productos, IEPSA pagó casi 175 millones de pesos a una empresa “sin experiencia” que se negó a colaborar con la ASF, se amparó para no ser auditada y cambió de domicilio fiscal.

Por otra parte, la ASF encontró que IPESA pagó 90.1 millones de pesos por el arrendamiento de vehículos para la distribución de diversos materiales, sin acreditar que fueron servicios efectivamente devengados.

Respecto de los juegos para el desarrollo infantil, la ASF señaló que la empresa paraestatal “adquirió por excepción a licitación pública, tres mil 998 kits de estimulación temprana y tres mil 187 kits de evaluación de desarrollo infantil, mediante dos pedidos, por 23 mil 796 y 174.92 millones de pesos”.

Las adquisiciones las realizó para cumplir con los contratos que suscribió con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), quien pagó a IEPSA 249.98 millones de pesos por la adquisición de los kits.

La ASF indicó que los estudios de mercado y los dictámenes de justificación, que realizó IEPSA para llevar a cabo la citada excepción, “no cumplieron con los requisitos mínimos que señala la normativa, ya que consideró proveedores que no tenían experiencia o no contaban con historial en Compranet”.

La ASF solicitó al proveedor de los kits información relativa al costo unitario de los artículos que los integran y la documentación que acredite su origen, entre otros; “sin embargo, no proporcionó la información, bajo el argumento de que son operaciones de carácter comercial privado; además, promovió una denuncia de amparo y cambió de domicilio fiscal, para obstaculizar la labor de fiscalización”.

Sobre el arrendamiento de vehículos para la distribución de diversos materiales, la ASF informó que no se acreditó que los servicios fueron efectivamente devengados, “ya que no evidenció el documento donde conste la fecha en que personal de IEPSA autorizó los servicios y que éstos se brindaron con el tipo de vehículo que se pagó, requisito que se estableció en el contrato para el pago”.

La ASF también indicó que cinco entidades de la Administración Pública Federal formalizaron contratos con IEPSA por mil 505.47 millones de pesos, al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin evidenciar que la encuadernadora contaba con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con los contratos.

“Se constató que (IEPSA) subcontrató entre el 56.9 por ciento y el 92.8 por ciento de los bienes y servicios contratados, en contravención al 49 por ciento máximo, que permite la norma”, sentenció.