Por: Redacción/

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, advirtió que de aprobarse las reformas constitucionales que crean la Guardia Nacional, iniciarían un proceso de alejamiento y ruptura con sistemas internacionales de protección y defensa de derechos humanos.

Previó a la reforma, México podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión sobre la compatibilidad de esta nueva corporación de seguridad con el régimen iberoamericano de derechos humanos, señaló el ombudsman, en el marco del tercer día de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional.

El planteamiento sobre las características y funciones de la Guardia Nacional representan una respuesta “parcial, incompleta, sesgada a la violencia e inseguridad. Genera el riesgo de que se vulneren los derechos humanos, además de contravenir sentencias, principios y recomendaciones internacionales”, subrayó.

“La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que, por el momento, no es viable su retiro”; sin embargo, no puede verse como “la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busque perpetuarla”.

Proponemos establecer un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública, reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas, comentó.

“Que prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales”.

Aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacional “no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles”.

“Parte muy relevante del surgimiento y consolidación democrática de México, que ha permitido la alternancia en el poder, ha sido la separación y respeto existente entre las instancias civiles y militares. La primacía de las primeras sobre las últimas, es una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal”.

Si los resultados de estas audiencias públicas en torno a la Guardia Nacional, “repiten el mismo esquema de simulación” que operó en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, “se debilitaría la credibilidad y la percepción pública sobre la autonomía, responsabilidad e independencia de esta Legislatura”, añadió.